Si bien la PCE apuesta a ver aprobadas sus propuestas para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero de 2021, solicitan una reforma a la Constitución de la República, para que tres magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sean propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y los dos restantes sean de libre postulación. Actualmente, tres son propuestos por los partidos con mayor cantidad de votos en la última elección presidencial y dos por la CSJ.
Los candidatos de “libre postulación” no podrían haber tenido afiliación política partidaria, ni compromisos contractuales con el Estado, ni cuentas pendientes con ninguna institución pública.
La PCE también propone agregar un capítulo al Código Electoral que reconocería el derecho político a la observación electoral no partidaria por personas naturales y jurídicas, no solo del mero evento electoral, sino desde las elecciones internas de los partidos políticos hasta la entrega de credenciales de las autoridades electas. La ley actual no contempla la observación electoral como un derecho a la ciudadanía.
La PCE es conformada por Acción Ciudadana (AC), la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides), Creo, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), Instituto de Estudios Jurídicos de El Salvador (Iejes), Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Tracoda, Universidad de El Salvador y Universidad General Gerardo Barrios.
El conjunto de reformas reitera la petición de crear una Unidad de Fiscalización para el financiamiento de campañas de candidatos y partidos, que tendría la facultad de requerir información a toda persona natural o jurídica.
También, busca aumentar las sanciones en proporción a los ingresos de cada partido político: la Ley de Partidos Políticos castiga las infracciones graves con multa de 15 a 55 salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios, es decir, entre $4,500 y $16,500.
La PCE propone multas del 0.5 % al 1 % del ingreso del fiscal anterior a la fecha de sanción por no llevar contabilidad formal, incumplir las obligaciones de transparencia y no reintegrar el anticipo de deuda en los plazos; y multas entre el 3 % y 5 % del ingreso por reincidencia en el irrespeto a la transparencia.
Además, proponen que por incumplir los límites al financiamiento privado se suspenda entre 25 % y 50 % la deuda política y, por aceptar contribuciones de fuentes prohibidas, cancelen candidaturas o se inhabilite al partido de participar en la elección.