Olivo aseguró, en una entrevista a Telecorporación Salvadoreña (Tcs), que la Sala tendrá que decir qué información financiera le falta a los partidos y se refirió a que el FMLN no puede volver a realizar reuniones en donde recolectaron fondos en el exterior. “¿Cómo va usted a reunir a mil personas en una plaza que le dieron un aporte y usted no le pidió nombre? En el caso del FMLN, eso se hizo en el exterior, ¿cómo repara usted eso? Son cosas que no se pueden volver a realizar”, dijo.
El magistrado opinó que rechazarle candidaturas a los partidos sería ir contra el derecho al “sufragio pasivo”, que es el derecho a ser elegido; y criticó la sanción de quitar el financiamiento público.
“Las sanciones si fueran en el sentido de no inscribirle candidatos de un partido político sería prácticamente como aniquilar y se mete con el ejercicio de sufragio pasivo que la Sala dice respetar... La Sala de nuevo no leyó muy bien los dos informes que le ha mandado el TSE... a los partidos los hemos sancionado fue sobre financiamiento privado y la Sala está poniendo sanciones sobre financiamiento público y por cierto no hemos metido a los candidatos no partidarios, yo soy hipercrítico”, señaló.
Los partidos políticos están obligados a rendir cuentas desde las campañas electorales de 2014 y 2015. Siete partidos políticos han sido multados. / DEM
El funcionario critica a la Sala de lo Constitucional también a raíz de la sentencia que abrió la posibilidad a la votación por candidatos de diferentes partidos políticos, es decir, el voto cruzado. Aseguró que el sistema electoral del voto cruzado “es una vergüenza” a nivel mundial.
“Esto del voto cruzado para algunos nos ha hecho más democráticos y no es cierto. Somos la vergüenza del mundo”, aseguró.
Sostuvo que en la resolución que condicionó la deuda política se respeta por primera vez al tribunal electoral, pero añadió que eso es una “ironía” porque le impuso el voto cruzado. Sobre este tema, cuestionó por qué la Sala no libró oficio a la Fiscalía en el caso de las donaciones a ARENA. La Sala condicionó la inscripción de candidatos y el desembolso de fondos públicos a que los partidos informen del origen y destino de su financiamiento de 2014 y 2015.