La ICP es conformada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el Comité de Trabajadores para la Defensa de las Pensiones (Comtradefop), la Asociación de Administradoras de Fondos para las Pensiones (Asafondos) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).
La propuesta, argumentó la ICP, respeta la propiedad de los ahorros de los trabajadores y corrige dos bombas de tiempo: la necesidad de $91 millones para evitar el impago de Certificado de Inversiones Previsionales (CIP) en octubre y la imposibilidad de seguir invirtiendo en CIP para que el Estado pueda pagar las pensiones del sistema público.
Según la ICP, la nueva propuesta alivia las finanzas públicas en 0.6 % del Producto Interno Bruto (PIB). Genera flujos de ingreso, reduce obligaciones, reestructura deuda de los CIP, y también libera recursos para seguir comprando CIP separando los fondos de inversión de los cotizantes optados y los obligados.
El presidente de Asafondos, René Novellino, advirtió que la discusión de la reforma debe ser rápida, puesto que el Gobierno debe saber si podrá contar con esta reestructuración de la deuda CIP para diseñar el presupuesto de 2018, que debe presentarlo Hacienda a más tardar el 30 de septiembre de 2017.
“Es una gran oportunidad para el Gobierno, creemos que el presidente va a actuar de forma responsable”, dijo Miguel Ángel Simán, presidente de Fusades.
La ICP reconoció que la nueva propuesta no altera lo fundamental del modelo de la ICP; es más, cree que hace “la frazada un poco más grande”, descargando obligaciones de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), fondo para pagar pensiones mínimas y de longevidad luego de los 20 años de estar recibiendo la pensión con fondos de cada trabajador.
La Reserva de Pensión Vitalicia (RPV) propuesta por la ICP es similar a la CGS respaldada por los cuatro partidos. Este fondo sería financiado con cotizaciones aportadas por el empleador, la cotización de los pensionados optados del 3 % al 10 % según su pensión –y ya no solo 3 %.
Sin embargo, la ICP lanza críticas a la propuesta presentada en julio por el Gobierno. “la alternativa que presentó el Gobierno no es viable, viola los derechos de los trabajadores, es inconstitucional porque confiscaría los ahorros”, afirmó el presidente de Fusades.
