Las legislaturas completas dirigidas por Ciro Cruz Zepeda y Sigfrido Reyes estarían siendo investigadas. / DEM
El patrimonio de exdiputados de dos generaciones de la Asamblea Legislativa, 2012-2015 y 2009-2012, estará entre las investigaciones que desarrolla la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en busca de casos de enriquecimiento ilícito.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron a la Sección de Probidad realizar las auditorías patrimoniales a 168 exlegisladores suplentes y 84 propietarios de la Asamblea Legislativa y a otros 40 que fungieron como tales en el Parlamento Centroamericano de 2011 a 2016.
Así lo decidió la Corte luego de conocer informes sobre auditorías patrimoniales no entregadas y solicitadas por un ciudadano a su Unidad de Acceso a la Información Pública, que enfrenta una apelación en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Este ciudadano, Danilo Vega, también pidió las auditorías patrimoniales de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que fungieron correspondientes al periodo 2009-2014, Eugenio Chicas, Walter Araujo, Fernando Argüello Téllez, Eduardo Urquilla y Gilberto Canjura Velásquez; y de más de 40 funcionarios del gabinete del expresidente Mauricio Funes.
La CSJ también ordenó iniciar estas auditorías y también otras a 10 militares que fungieron en el alto mando durante la administración de Alfredo Cristiani.
Esta cantidad de investigados se suma a las 61 investigaciones pendientes que tiene Probidad y de las cuales aún no ha entregado un informe a la Corte Suprema de Justicia.
Probidad inició la investigación de 76 exfuncionarios o funcionarios, depuró 15 y tiene pendientes 61, de los cuales 20 estarían bajo indagación.
Mora en probidad
La Sección de Probidad no ha finalizado una nueva auditoría patrimonial. En febrero la Corte Suprema de Justicia ordenó juicio por enriquecimiento ilícito contra el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón. Ese informe fue entregado por Probidad el 30 de mayo de 2016 y una adenda el 28 de octubre de 2016.
En un memorando presentado ante Corte Plena, la UAIP de la CSJ expone que uno de los argumentos expuestos ante el IAIP, en la solicitud de auditorías patrimoniales de militares que fungieron en la administración de Alfredo Cristiani, ha sido “la complejidad del trabajo, la mora en la realización de las auditorías y la carencia de recursos humanos por parte de la Sección de Probidad”.
15 Casos depurados
La Sección de Probidad solo ha logrado concluir la investigación de 15 casos.