Tras la militarización del congreso el 9 de febrero, Bukele continúa presionando a los diputados, a quienes culpa de la alta tasa de homicidios que asedia al país. “Si ustedes vivieran un día en El Salvador, quemarían a todos los políticos juntos”, aseguró el jueves en la reunión de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Entonces, ¿por qué resisten los partidos de oposición a esta presión del Ejecutivo?
El pasado 28 de enero, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para aprobar el crédito, sin el apoyo del FMLN. Fue Arena, sin embargo, la que retiró su apoyo y pidió más tiempo para analizarlo el mismo día de la plenaria, el 30 de enero.
Según el jefe de fracción de Arena, Carlos Reyes, la decisión se tomó de cara a “nuevas noticias” sobre los negocios del Gobierno con empresas de seguridad extranjeras; específicamente, la mexicana Seguritech, que pagó un viaje en jet privado para el director de Centros Penales, Osiris Luna.
Más allá de la eficacia del plan, que aún no se les explica en todas sus fases, persisten dudas sobre la pertinencia de gastar $25.8 millones en equipo de videovigilancia; y más de $29 millones para movilidad estratégica, en su mayoría destinados a un buque y un helicóptero para la Fuerza Armada.
