“Queremos aprobar una Ley de Aguas en agosto para que no se frustre por intereses políticos”

Agosto de 2020 es el límite que se ha propuesto la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático para emitir una Ley General de Aguas, exigencia de organizaciones sociales y la misma Iglesia Católica. En medio de una emergencia hídrica en el Área Metropolitana de San Salvador y con las elecciones legislativas y municipales de 2021 a la vuelta de la esquina, los diputados buscan dejar “intereses políticos” y apegarse a un estudio técnico que les permita salir de un bache de 13 años sin poder lograr acuerdo en torno a la gobernanza del agua potable en El Salvador, asegura Martha Évelyn Batres, presidenta de la comisión y diputada de Arena.

 

¿Cuál es la diferencia entre la hoja de ruta de hoy y las de otras legislaturas para aprobar la ley de aguas?

Esta es una deuda histórica, un proyecto que data de 13 años. En la primera sesión del año, me comprometí a abordar el tema y presenté una hoja de ruta y la diferencia es el orden de cómo se va a segmentar el estudio de los temas. Establecimos como tiempo máximo hasta la última semana de agosto del presente año porque nos da el tiempo necesario para no contaminar el tema bajo un aspecto político.

 

¿Cómo afectarían las elecciones en el trabajo en la comisión?

Algo que ha frenado sin duda alguna la aprobación de esta ley es el aspecto político. Veamos lo que ocurrió el año pasado: marchas, acusaciones sin fundamento, caos que llevó hasta amenazar a esta institución, heridos, cosas que no deberían suceder. Por eso, pedía deponer intereses políticos a mis compañeros diputados y poner al ser humano como centro de la discusión.

Tomando en cuenta que había 92 artículos aprobados, ¿por qué esta Comisión decidió empezar de cero la discusión de la ley?

Estos se aprobaron en la legislatura 2012-2015, cuando presidía Francisco Zablah. Durante la legislatura 2015-2018, presidida por (Roberto) Mata Bennett, estos artículos regresaron nuevamente a cero. En esa legislatura, volvimos a comenzar y se aprobaron cinco artículos, dentro de ellos estaba el derecho humano al agua; el ente rector se denominó ANA (Autoridad Nacional Hídrica). Al iniciar 2018, se ratificaron estos artículos y continuamos el estudio. Se aprobaron 14 y hubo un artículo que generó polémica pero, por decisión de la mayoría de colegas, en las que yo no estuve de acuerdo, regresaron a cero nuevamente.

 

¿Por qué se decidió separar la discusión por temas y no por proyectos de ley?

Hay propuestas específicas sobre el ente rector que ha hecho la Universidad de El Salvador (UES), la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca) y se empezará de cero para establecer un principio de igualdad. Estoy convencida que, al separar en temas, nos damos cuenta que en realidad son más los elementos que nos unen que los que nos separan.

 

¿Qué divide a los diputados en la discusión?

Los temas políticos dentro de la ley. Con la separación de temas existirá mayor fluidez y rapidez en el estudio. Hay que decirlo: nosotros tenemos que escuchar la postura de este Gobierno en torno a la ley. Precisamente por eso, la importancia es que la discusión inicie ya. Dentro de los acuerdos que tomamos fue enviar notas solicitando la postura jurídica y elementos nuevos que vengan a abonar a la Comisión, queremos que todos se sientan incluidos.

 

Hay organizaciones que exigen que el trabajo técnico de la Comisión sea de carácter público. ¿De qué manera van a mantener la discusión transparente?

La Comisión es pública y en el equipo técnico tendrá su exposición porque no decide, propone. Los diputados vamos a discutir todo el articulado porque somos nosotros quienes aprobamos o desaprobamos. El equipo técnico será institucional, de la fracción, de Medio Ambiente y de otras instituciones que consideremos convenientes. La propuesta es que ellos avancen en ciertos artículos, nos lo presenten. También, la propuesta es que haya un ambiente de armonía para los diputados para poder abordar estos temas, incluso si existe la necesidad de hacer reuniones aparte de la Comisión la hagamos de manera transparente y pública.

 

¿Qué acciones van a tomar ante las denuncias por la calidad del agua en San Salvador?

Tenemos una crisis con el tema de desabastecimiento, de insalubridad del agua. Estamos con muchísimas quejas. Constantemente recibo denuncias y Anda es una entidad que debe estar regulada como proveedor del servicio. Esto va a venir a arreglar mucho los desórdenes que se están dando en materia hídrica, además de la protección de cuencas.

 

A luz de la coyuntura actual de Anda, ¿cuál será la postura sobre la gobernanza del agua?

No me quisiera adelantar, sería irresponsable de mi parte porque soy presidenta de la Comisión y me va a tocar coordinar esa discusión. Los proyectos están en un plan de igualdad.