La Corte Suprema de Justicia estudia un proyecto de reforma de ley de probidad. / DEM
El equipo gestor de la Ley de Probidad exigió ayer (CSJ) elaborar “integralmente” y aprobar una nueva Ley de Probidad Pública, que incluya un régimen efectivo de prevención y combate al enriquecimiento ilícito o sin causa justa, no con reformas parciales.
Aunque el Grupo no objetó el fondo de la propuesta, rechazó propuestas parciales, en reacción a la petición de reforma efectuada por el diputado Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, quien pidió aumentar las sanciones a rangos entre $500 y $5,000 por incumplir con la presentación de las declaraciones de patrimonio, una obligación constitucional para los funcionarios y empleados públicos. Actualmente las multas oscilan entre 100 y 500 colones, $11.43 y $57.14.
El Grupo Gestor de la Ley de Probidad aargumentó que la vigente Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que data de los años cincuenta, no es el “marco legal idóneo” para cumplir la Constitución de la República en el tema de probidad o investigación patrimonial de los funcionarios.
El Grupo Gestor advirtió que “una cantidad importante de funcionarios que entraron en funciones el 1 de junio” y algunos que “cesaron en la misma fecha” incumplieron la obligación de presentar la declaración jurada de patrimonio, como les obliga la Constitución y la ley.
Piden prohibir reelección
Así, destacaron que es positivo aumentar las sanciones por la falta de presentación de declaraciones, pero exigieron que en esta reforma se incluya la prohibición de reelección a los funcionarios de elección popular que incumplan.
También señalaron se debería proceder a la destitución sin responsabilidad para el Estado de aquellos funcionarios que den información falsa o inexacta en sus declaraciones patrimoniales entregadas a la Sección de Probidad o la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Asimismo, pide que se prohíba a los funcionarios de elección popular la reelección por presentar información falsa o inexacta, pero que también se notifique a la Fiscalía General de la República.
La Ley de Probidad se frustró en El Salvador, luego de que la Asamblea Legislativa aprobara en diciembre de 2015 una normativa que le quitaba la potestad a la CSJ de ordenar juicios civiles, delegándole una facultad menor a la Sala de lo Civil. Esta ley fue declarada inconstitucional.
Actualmente la CSJ prepara una nueva Ley de Probidad que está siendo consultada con diferentes sectores.
Un borrador del proyecto publicado por Diario El Mundo plantea la creación de un sistema interorgánico de Probidad, coordinado por el presidente de la Corte de Cuentas de la República.
También sugiere que los procesos de enriquecimiento ilícito se lleven en los juzgados de extinción de dominio y no en las instancias civiles, como es actualmente.
Nueva ley
Líder: Corte de Cuentas
Un borrador de ley de probidad sugiere un sistema conformado por la Corte, Fiscalía y otros, y dirigido por la Corte de Cuentas.
Procesos de extinción de dominio
Sugiere que los casos de enriquecimiento ilícito sean vistos como procesos de extinción de dominio luego de un proceso en CSJ.
Remunerados o ad honorem
La normativa sobre enriquecimiento ilícito estaría aplicada a todos los servidores públicos, tanto remunerados como ad honorem.