El director ejecutivo de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar consideró como "amenazas directas a la prensa " las declaraciones del asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta al pedir a funcionarios de Gobierno señalados por actos de corrupción a emprender acciones legales contra medios de comunicación que "dañen su honor", a partir de las publicaciones periodísticas.
Me para los pelos lo que acabo de escuchar, hay una amenaza directa contra la prensa, lo quiso hacer ver como que era legal lo que estaba hablando, pero en realidad se trata de una amenaza, señalando que , o recomendando a los funcionarios que acudan a las instancias correspondientes a nivel local para proteger su honor". explicó Eduardo Escobar de Acción Ciudadana en la entrevista "Frente a Frente" de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
En ese sentido, argumentó que la amenaza constituye que los periodistas que están investigando actos de corrupción dentro del gobierno "piensen antes de publicar algo bajo la amenaza que van a ser demandados".
Además, dijo que las declaraciones de los funcionarios tienen como objetivo desacreditar con cualquier argumento los señalamientos hechos recientemente por el Gobierno de Estados Unidos.
Lo que veo es que los funcionarios de gobiernos han salido con cualquier argumento y cualquier excusa a tratar de desacreditar los señalamientos que se han hecho desde Estados Unidos, es una muestra de desesperación para tratar de desacreditar esto". aseguró Escobar.
El asesor de la presidencia, Javier Argueta pidió en una entrevista de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que los funcionarios del gabinete de Nayib Bukele señalados de corrupción que actúen en contra de los periodistas que "dañen su honor" al publicar investigaciones y escribir sobre las sanciones que les impone Estados Unidos.
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Recientemente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones en contra de altos funcionarios salvadoreños, entre ellos, la jefa de Operaciones del Gabinete de Nayib Bukele, Martha Carolina Recinos, por actos de corrupción durante la pandemia del covid-19, así como contra el viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Osiris Luna y al jefe de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, por actos de corrupción y haber negociado con líderes de pandillas.
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