A cambio de lograr la oportuna aprobación del Presupuesto General de la Nación de 2020, el Gobierno se comprometió a transparentar los gastos secretos del Estado el próximo año, destinados al funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) que opera bajo la dirección de la Presidencia de la República.
En una sesión abierta del 12 al 13 de diciembre, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa llegó a un acuerdo con el Ejecutivo para modificar el artículo 14 de la Ley del Presupuesto 2020 y luego aprobarlo con 61 votos. Con este cambio, el congreso quitó la reserva a los fondos del OIE en la nueva ley presupuestaria, aunque los candados persisten en otras normativas.
La eliminación de gastos discrecionales fue una de las promesas de campaña del presidente de la República, Nayib Bukele, quien luego se comprometió a permitir auditorías y restringir el uso a “gastos de inteligencia”.
Los recursos asignados al OIE mantenían un “carácter y naturaleza de reservados” en el anteproyecto presentado el 30 de septiembre por el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, como se ordenó en el presupuesto 2019, aprobado en la administración de Salvador Sánchez Cerén. El pasado 12 de diciembre, esta disposición fue suprimida por los diputados y, en su lugar, dictaron cómo se utilizarán los fondos: inteligencia, contrainteligencia, defensa nacional y seguridad del Estado.
La declaratoria de secreto de Estado en los gastos del OIE fue una de las principales críticas de Arena, partido que sostuvo reuniones bilaterales con el Ejecutivo para cabildear el plan de gastos y que buscaba derogar el artículo 14. Rodolfo Parker, jefe de fracción del PDC, también respaldó esta disposición.
Como medida de transparencia, el ministro de Hacienda indicó que en el nuevo presupuesto se elimina la partida de Gastos Reservados de todas las carteras de Estado, y se reduce a la mitad el presupuesto del OIE, pasando de $30.8 millones a $17.5 millones en 2020. Estos fondos serían auditables por la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Al menos dos expresidentes de El Salvador enfrentaron acusaciones de desfalco al Estado a través de la partida de Gastos Reservados, por parte de la Fiscalía General de la República. El antecesor de Bukele es auditado por la Corte de Cuentas. Los gastos reservados de la Presidencia entre los años 2014 y 2018 sumaron un total de $198.5 millones.
Persisten reservas
En el primer decreto ejecutivo de la administración actual, se estableció que toda la información administrativa y presupuestaria del OIE serán “secretos de Estado” a través de una reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo (RIOE), publicado en el Diario Oficial el 2 de junio de 2019.
“Todos los asuntos, actividades y documentación sobre los cuales conozca y produzca el Organismo de Inteligencia del Estado, incluidos los aspectos administrativos, presupuestarios de personal, organización y funcionamiento del mismo, serán considerados como clasificados y secretos de Estado”, estipula el artículo 75-B del RIOE, reformado por el Consejo de Ministros. Aunque en el presupuesto 2020 desaparece la partida 54315 de “Gastos Reservados”, el gasto del OIE permanecería secreto debido a este reglamento.
