Sostuvo que los diputados continuarán “escuchando a todos los actores que sea preciso, de todos los bandos posibles” para poder emitir “una ley que ojalá satisfaga el interés de las personas que se consideraron victimizadas o agraviadas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al Estado de El Salvador suspender el trámite de la normativa, con el fin de evitar un posible daño irreparable a víctimas de la masacre de El Mozote, al poner en riesgo su acceso a la justicia.
“La Sala, la deroga, nos da el 13 de julio para que emitamos una nueva ley de reconciliación con cuatro criterios, tenemos un mandato de una Sala, que es una instancia superior, nuestra labor es legislar, ¿vamos a renunciar a la labor de legisladores?, ¿a quién le vamos a obedecer?, renunciar a nuestra soberanía como país democrático e independiente también es una aberración”, dijo Quijano.
El presidente legislativo defendió la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz aprobada en 1993 y declarada inconstitucional por la Sala. “La ley de amnistía en el 93 había firmado para firmar la paz, lo que permitió fue que el país avanzara en la democracia. Dio un enorme aporte para la reconciliación”, afirmó.
El diputado de Arena se mostró abierto a modificar las condiciones de las penas, pero solicitió que los sectores les hagan “propuestas de redacción”. “Nuestra voluntad es escuchar”, dijo.