La instancia judicial del máximo órgano de justicia admitió este viernes una demanda presentada por los ciudadanos Humberto Sáenz y Raúl García, quienes pertenecen al Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Ambos abogados piden que se declare inconstitucional el decreto mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió a Carmen Rivas Landaverde como presidenta, María del Carmen Martínez, como primera magistrada, Roberto Anzora, como segundo magistrado, y Nolberto Cunza y Patricia Bardales, como magistrados suplentes de la CCR.
Para los demandantes, los diputados no hicieron un razonamiento concreto sobre si los elegidos cumplían con requisitos de moralidad y competencia, o cuáles fueron los resultados de las entrevistas, o cuáles fueron las razones por las que eligieron a unos y descartaron a otros.
Tampoco, señalan, no probaron la carencia de vínculos con algún partido político, algo que consideran importante por el vínculo que se menciona de la presidenta de la CCR, quien según un documento del TSE pidió su renuncia al PCN 25 días antes de su nombramiento. Ella ha asegurado que el partido le falsificó su firma, aunque reconoce que perteneció al antiguo PCN.
La Sala, en su admisión, señala que la Asamblea Legislativa debe elegir a los funcionarios según criterios de servicio a intereses generales y no con criterios “partidarios o particulares”, sobre todo porque son funcionarios encargados de aplicar justicia, en materia de cuentas públicas.
La Sala les concedió audiencia a los magistrados electos, dándoles cinco días hábiles para que se pronuncien, y dio 10 días a la Asamblea Legislativa para que justifique la constitucionalidad de la elección, y al fiscal general para que dé su opinión.
