El pleno legislativo recibió ayer la notificación de la Sala de lo Constitucional. / DEM
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le otorgó 10 días al ministro de Hacienda Carlos Cáceres, para que responda cinco preguntas sobre la Ley del Presupuesto General para el ejercicio fiscal de 2017, antes de resolver una demanda de inconstitucionalidad que se interpuso argumentando su desfinanciamiento.
La resolución indica que es competencia de Hacienda formular la política presupuestaria en cada ejercicio fiscal, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. Así, deberá responder si en el presupuesto 2017 se omitieron partidas presupuestarias o se incluyeron partidas “con financiamiento insuficiente cuyos gastos eran previsibles”, explicando motivos y efectos. En segundo lugar, piden que si se proyectaron ingresos mayores a los esperados; y si se proyectaron ingresos brutos y no netos. En tercer lugar, el ministro deberá responder si existe “tendencia de financiar gasto corriente y de cubrir brechas presupuestarias con deuda flotante”. Pide saber si tomó en cuenta un programa de endeudamiento “para cubrir las deficiencias” del presupuesto; y, por último, si incrementó el gasto público de equipamiento, infraestructura, bienes y servicios y remuneraciones en el presupuesto 2017 respecto a 2016.
Uno de los demandantes, Salvador Anaya, cree que el atraso en la sentencia podría atrasar una solución a la falta de fondos del Estado para pagar los Certificados de Inversión Previsional (CIP) que se vencen a partir del 8 de julio y genera otra amenaza de impago. Ese día, el Estado debe reintegrar $10.3 millones a inversores de los CIP.
La resolución fue firmada por los magistrados Armando Pineda, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sonia de Segovia y Francisco Ortiz, y notificada ayer a la Asamblea Legislativa.