Hasta el miércoles, había 983 casos pendientes en la Sala de lo Constitucional. De estas demandas, 621 son amparos solicitados por ciudadanos que consideran que se les están violando sus derechos constitucionales; 183 demandas de inconstitucionalidad contra leyes, reglamentos y actos como nombramientos; y 179 demandas de hábeas corpus o exhibiciones personales.
Desde que los abogados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Belarmino Jaime y Rodolfo González dejaron de ser magistrados de la Sala de lo Constitucional, la secretaría de esta instancia judicial ha recibido 213 nuevas demandas, hasta el pasado miércoles.
Esos más de 200 expedientes se suman a las 770 demandas en trámite acumuladas durante los últimos tres años.
“Tenemos un atraso casi milenario”, comenta Florentín Meléndez, quien dio las cifras al explicar las consecuencias de la omisión de la Asamblea Legislativa en la elección.
Entre las nuevas demandas, ciudadanos están reclamando derecho al acceso a la salud por desatención en hospitales nacionales, así como una mujer embarazada que reclamaba derecho a la salud y fue despedida.
Esto se suma a casos rezagados y seguimientos no realizados al cumplimiento de sentencias, relacionados a derechos de pacientes con hemofilia, cáncer, neonatos, víctimas de contaminación de plomo, hacinamiento carcelario, desaparición de niños y jóvenes, amnistía, familias desplazadas por las pandillas, demandas en torno a la ejecución del poeta Roque Dalton y el embajador de Sudáfrica. “Son casos dramáticos”, sostiene el exmagistrado.
Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional saliente ordenó la recuperación de los territorios controlados por las pandillas, le dio seis meses a la Asamblea Legislativa para legislar, pero la sentencia no está cumplida.
El artículo 172 de la Constitución de la República ordena a los jueces que deben “hacer ejecutar lo juzgado”. Tratando de cumplir esa disposición, la Sala de lo Constitucional saliente desarrollaba audiencias públicas en las cuales convocaba tanto a las víctimas como a los representantes del Estado a quienes se les había ordenado dar tratamiento.
De 770 casos en trámite:
- Caso 1
Derecho de medio ambiente por rellenos sanitarios.
- Caso 2
Familias desplazadas por pandillas.
- Caso 3
Una mujer con cáncer de mama y a quien no se le dio tratamiento.
- Caso 4
Ejecuciones del poeta Roque Dalton y embajador de Sudáfrica.
- Caso 5
Sala ordenó la recuperación de los territorios ante el desplazamiento de familias por las pandillas.
