Soldados y policías realizando operativo en Ilopango, San Salvador/DEM.
La Asamblea Legislativa no logró aprobar la suscripción de un préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que se destinaría a la modernización de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil (PNC) dentro del Plan Control Territorial.
El pasado martes, la Comisión de Hacienda acordó emitir un dictamen favorable para que el Gobierno negocie el crédito, que financiará la fase III de su plan de seguridad. Arena, Gana, PCN y PDC votaron para autorizar el endeudamiento pero el FMLN se abstuvo.
Esta tarde, sin embargo, fue Arena quien pidió retirar el dictamen de la agenda de hoy. El subjefe de fracción del partido tricolor, Julio Fabián, pidió que el dictamen regrese de nuevo a estudio a la Comisión "para que se le pueda seguir dando un estudio diferente".
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La moción fue aceptada por el pleno y el dictamen retirado con 45 votos. Este jueves llegó a la plenaria la solicitud de antejuicio en contra de Norman Quijano, diputado de Arena, para retirarle el fuero constitucional por los delitos de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
¿Para qué serviría el préstamo?
El Ministerio de Hacienda presentó la primera solicitud de préstamo para el Plan Control Territorial por $91 millones en septiembre, pero recibió los votos hasta diciembre pasado. En noviembre, sin embargo, Hacienda llevó una nueva solicitud por $109 millones para la tercera fase del plan.
Dentro del nuevo crédito se destinan $25.9 millones para infraestructura y videovigilancia, $46.9 millones para movilidad estratégica, que incluye dos helicópteros; $2.6 millones de equipo, infraestructura e inmobiliario médico para el Hospital Militar.
Otros $17.4 millones se invertirían en la compra de equipo táctico para la Policía y Fuerza Armada; $12.9 millones de equipo médico para el resto de unidades clínicas dedicadas a agentes de seguridad y sus familias; y $3.3 millones para administración y supervisión del préstamo.
El primer crédito, destinado a reparar el tejido social en comunidades de alto riesgo, fue cuestionado por entregar más de $28 millones al Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), y más de $15 millones en reparación de calles. Los nuevos recursos, en tanto, solo causaron dudas por la compra de helicópteros, un buque y drones, que fueron justificados por los ministros de Seguridad y Defensa.
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