Organizaciones de derechos humanos que representan a víctimas de la guerra rechazaron ayer el nuevo proyecto de ley de reconciliación nacional que estudia la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
El documento, elaborado por el presidente legislativo, Mario Ponce, fue presentado a las organizaciones a solo 72 horas del vencimiento de la prórroga que otorgó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Estaba previsto que llegaran víctimas de la guerra pero ninguna atendió la convocatoria “por falta de confianza en el proceso”, según el director de Derechos Humanos de Cristosal, David Morales.
“Esta ley neutraliza la justicia penal. Es una vulneración, una burla a la sentencia de la Sala y el derecho internacional”, agregó. Entre los 74 artículos de la ley, afirmó Morales, se esconden vicios de inconstitucionalidad: no hay fondos definidos para cumplir con la reparación material de las víctimas, se ofrecen penas mínimas para criminales de guerra, y condonación de cárcel.
Miguel Montenegro, representante de la Mesa contra la Impunidad, indicó además que se da un plazo demasiado corto para la investigación de casos a la Fiscalía General de la República (FGR). “¿Cómo es posible que en seis meses pueda decirse si se procesarán estos crímenes?”, cuestionó.
El presidente legislativo, en tanto, dijo que la Comisión Política “revisará los insumos” presentados por las organizaciones, pero no se comprometió a acatarlos.