Ante las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, quien promete la deportación de entre dos y tres millones de migrantes con antecedentes penales, y el consiguiente temor de los salvadoreños en Estados Unidos a ser retornados, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, envía un mensaje de calma. Dice que para eso el país del norte debería tener más jueces migratorios y no hay un solo salvadoreño que sea deportado sin un permiso de viaje, otorgado por un cónsul salvadoreño. Tilda de “irresponsable” pensar en una ola de deportaciones y el hecho de catalogar a los compatriotas como criminales. Asegura que en los primeros días de diciembre lanzarán los acuerdos tomados la semana pasada con los cancilleres de México y el Triángulo Norte, en la unión de esfuerzos que han llamado Trica-Mex, a favor de los derechos humanos de los migrantes de estos países.



Después de las elecciones de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump dijo que deportará entre dos y tres millones de inmigrantes con antecedentes penales, ¿qué valoración tiene sobre esta decisión?

Lo primero es que estas declaraciones son los primeros pasos que está dando hacia la oficina oval, creo que incluso en estos primeros pasos ha habido como un matiz o una modificación de lo que se hizo en la campaña, porque en la campaña los señalamientos que se hicieron sobre el tema migratorio fueron más fuertes, se referían incluso a los alrededores de los 11 millones de personas que viven y trabajan irregularmente en los Estados Unidos, luego en esta primera aproximación, hay una declaración que se refiere a personas con antecedentes criminales.

Primero, hay que aclarar eso, en Estados Unidos ya una falta grave como para ser considerado un antecedente criminal puede ser la acumulación de dos faltas leves, por ejemplo, una infracción de tránsito, de una norma de tránsito, los problemas de violencia doméstica, la conducción en estado de ebriedad y la acumulación de estas faltas puede catalogar a una persona como que tiene antecedentes criminales.

Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas que están en Estados Unidos son gente trabajadora, sería una irresponsabilidad de cualquier persona que quiera imaginarse que, a raíz de ese anuncio (deportación de migrantes con antecedentes criminales), una ola de deportaciones de personas criminales, no es el caso.

El tercer asunto que hay que plantear es que esta propuesta que hace la administración no es nueva respecto a las últimas políticas de la administración Obama; de hecho, la matriz de deportación varió mucho en los últimos años, pasando que la mayoría de deportados eran personas sin antecedentes penales, mas el único antecedente de haber llegado a Estados Unidos sin ningún documento válido, ahora la mayor parte de las personas, aún en la administración Obama, que están viniendo son personas que tienen esos antecedentes penales o antecedentes de conflicto con la ley, pero en las proporciones que decía. Sí tenemos casos aislados de personas vinculadas al crimen, pero la mayoría han sido detenidas por infracciones menores en los Estados Unidos; esta política no varía, lo que ha estado haciendo la administración Obama y, cuando se inició esa política, nosotros lo que sí pedimos es que se nos compartieran los antecedentes de estas personas, eso ya se está haciendo, las personas que son deportadas y tiene antecedentes, aunque sea de delitos menores, son personas que se nos manda ese antecedente a nosotros.

 

Esta semana se reunieron los cancilleres de México y el Triángulo Norte, ¿cuáles fueron los resultados de esta reunión?

Acordamos coordinar una serie de acciones que ya veníamos impulsando de manera individual los países miembros, por ejemplo, las líneas gratuitas para que se denuncie y se ponga en relieve alguna problemática que ha tenido algún migrante. Tenemos una línea gratuita desde hace tiempo a otros países, lo van a impulsar; entre los cuatro países tenemos 90 consulados, en la Unión Americana, que los vamos a poner en función de atender a los compatriotas de esos cuatro países del Triángulo Norte, más México; esos consulados tienen ya la instrucción de trabajar, por ejemplo, en aquellos lugares donde no haya un consulado mexicano, pero hay un mexicano que quiera una atención, algún consulado del Triángulo Norte le puede apoyar y viceversa.

También, acordamos hacer aproximaciones entre los países del Triángulo Norte y México, con las autoridades locales, gobernadores, congresos estatales, alcaldes de los condados, porque hay ciudades santuario que dan acogida a los migrantes que tienen alguna dificultad; entonces, si yo lo pudiera resumir en una sola frase, esa reunión es la unión de esfuerzos de los tres países más México para mejorar las relaciones con Estados Unidos, que ya son buenas, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar y para proteger los derechos de nuestras comunidades migrantes.

 

¿Tienen alguna agenda de temas a tratar en próximas reuniones?

Tenemos una agenda de trabajo, una hoja de ruta, que lo aprobamos en esas reuniones que sostuvimos y como parte de esa hoja de ruta, estaremos lanzando en los primeros días de diciembre, ese mecanismo coordinado Trica-Mex, Triángulo Norte y México, que lo vamos a lanzar en McAllen, que es donde ya lo tenemos funcionando, pero que ese mecanismo de coordinación, lo vamos a impulsar en otros estados de México.

 

Especifícamente, ¿El Salvador tiene un plan para recibir migrantes con antecedentes penales?

Nosotros tenemos un plan desde antes de la elección, teníamos considerados dos escenarios; se dio el triunfo del escenario del presidente Trump y entonces echamos a andar ese plan que teníamos para ese escenario, ese plan comprende los acercamientos con los equipos de transición, allá en Washington y contactos a nivel local, comprende el llamado a la calma que hicimos a nuestros compatriotas, comprende las iniciativas que vamos a propulsar en tres organismos que vamos a estar presidiendo: la conferencia regional de las migraciones, que aglutina Estados Unidos, Canadá y todo el SICA (Sistema de Integración Centroamericana); el Consejo de Derechos Humanos, de Naciones Unidas y la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). En todos esos foros vamos a promover iniciativas, el pronunciamiento de derechos humanos de nuestra comunidad migrante y ya con el Gobierno de Estados Unidos en bilateral, además del trabajo en bilateral con la Embajada, se están estableciendo contactos con el equipo de transición, incluso, yo tengo programada una visita, también para los primeros días de diciembre, para sostener reuniones con miembros del Congreso de la Cámara Alta, la Cámara Baja, con contactos que tengo desde la administración Bush, de manera de ir trabajando con todos ellos, el tema de nuestros compatriotas migrantes.

Para acoger a las personas deportadas ya conocen los planes que tenemos. Planes de reinserción laboral y planes de reinserción de emprendedurismo, todavía no son suficientes para la cantidad de personas que están llegando pero, son planes que están en expansión y que en un momento determinado van a ser suficientes. Si se preguntan si van a haber deportaciones masivas, si va a haber una oleada, etcétera, yo diría que no; no hay ni la capacidad logística, ni la capacidad jurídica para que eso suceda.

En primer lugar, se tiene que hacer todo una logística de transportación de estas personas; en segundo lugar, nosotros no permitimos que una persona sea subida en un avión si no tiene la entrevista consular y, después de la entrevista consular, nuestra cónsul decide si le otorga un documento de viaje a esa persona; si esa persona no obtiene un documento de viaje, no puede ser deportado. En segundo lugar, hay una jurisprudencia en el caso de El Salvador que, cualquier persona detenida en la frontera sur de los Estados Unidos tiene derecho a pedir una audiencia con un juez migratorio, entonces, las personas van a hacer uso de esos recursos y, si la administración quiere atender más casos, va a tener que nombrar más jueces migratorios.

Logísticamente, y eso lo digo para tranquilidad de nuestras gente, es imposible pasar de un esquema de deportaciones de un promedio de unos 22 mil deportados anuales, que ha venido sucediendo desde hace una década, a un esquema exponencial, porque se tendría que hacer todas unas adecuaciones logísticas, que no se tienen en este momento. Lo planteo desde el punto de vista práctico, pero desde el punto de vista político, sabemos que muchas decisiones del tema migratorio no se toman en el Ejecutivo, sino en el Congreso, por eso ahora más que nunca vamos a hacer un mayor acercamiento con el Congreso, tanto con el Senado como con la Cámara Baja. En mi visita en diciembre, tengo reuniones con el Congreso, también.

 

Existe el temor que haya deportaciones de pandilleros. ¿Podría suceder?

Eso es como pensar que los salvadoreños que están en Estados Unidos son unos criminales, al contrario, la mayoría de salvadoreños que están en Estados Unidos son personas trabajadoras, que se esfuerzan, que envían remesas; más de cuatro mil millones de dólares vienen cada año en remesas a El Salvador y no se puede juzgar a la mayoría de salvadoreños por unos cuantos casos aislados, ese temor tampoco es válido, porque además, cuando hemos tenido casos aislados, el Gobierno de Estados Unidos nos manda el expediente de esa persona y de acuerdo a ese expediente se procede contra esa persona.

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¿Peligra el TPS?

Mi opinión personal es que esa renovación, que es una acción ejecutiva, que tiene que ver con la legalidad de los Estados Unidos, y es un país de leyes, esa prórroga que acaba de aprobar no se va a revertir y, en ese sentido, tenemos 18 meses para negociar con la nueva administración una nueva prórroga o figura similar o mejor para los compatriotas que están acogidos en el TPS.

 

En tres preguntas

 

¿Estados Unidos ha frenado su proceso de verificación de cumplimiento de los requisitos para otorgar los fondos de Alianza para la Prosperidad, por la coyuntura electoral?

No. Al contrario, el Departamento de Estado ya certificó y ahora está en manos del Congreso; el Congreso, claro, en este momento de elecciones en lo que menos estaba pensando es en los fondos de cooperación en el exterior; cuando las aguas vuelvan a su nivel y el Congreso retome sus actividades, una de las cosas que va a fluir es el desembolso de los $750 millones la Alianza para la Prosperidad, pero eso ya está votado.

 

¿La relación que busca El Salvador con Venezuela, Cuba y Bolivia no lo aleja de un Estados Unidos dirigido por el Partido Republicano?

¿Y qué me dirías del acercamiento de Estados Unidos con Rusia? Caería en esa misma lógica. Lo que pasa es que hay una serie de mitos y hay gente que se ha quedado pensando el período de la guerra fría. Nosotros tenemos una política exterior pragmática y yo creo que la nueva administración de Estados Unidos tiene una política exterior pragmática. Ellos han dicho: vamos a entendernos con Rusia, vamos a entendernos con China, vamos a resolver el conflicto de Siria, entonces, no veo por qué cause problema que nosotros tengamos una política exterior abierta al mundo y sin ataduras ideológicas.

 

¿Regresará el general Atilio Benítez como embajador a Alemania?

Eso depende del curso que sigan las investigaciones, ahora mismo estábamos con un dictamen, donde la comisión decía que no encontraba mérito, pero eso, debe pasar al pleno y el pleno tiene que decirir; luego, la Fiscalía debe decidir si en el tiempo que estipula la ley, presenta una nueva petición; entonces, la situación no se ha resuelto en las dos instancias donde se tendría que resolver: en la Asamblea Legislativa y en un juzgado correspondiente a la ejecución de justicia. Mientras eso no avance, no podemos modificar nuestra posición.