La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordó recomendar a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) que no se afecte a la población que vive alrededor de los centros penales del bloqueo telefónico que, para combatir el crimen, aprobó la misma Asamblea.
Después de una gran discusión del problema delictivo en el país, esa fue la respuesta a una iniciativa del diputado Juan Carlos Mendoza, de GANA, quien pidió reformar las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias.
El diputado propuso reformar el artículo 6 de las disposiciones así: “Deberán disponer de todas las medidas necesarias para que el corte de tráfico de telecomunicaciones no afecte un radio superior de 100 metros de los perímetros de los centros penitenciarios, granjas penitenciarias y centros temporales de reclusión”.
El diputado Rodrigo Ávila aseguró que hoy “hay muchísimo más extorsiones”. “Los niveles de denuncia han bajado tanto que ya no se registran”. “Siento que a veces platicamos a cosas que no le ayudan al país”, afirmó. Recordó la propuesta de Ley de Defensa Social para elaborar un registro de pandillas. “Hay miedo de sonar políticamente incorrecto”, criticó.