Guillermo Gallegos fue denunciado en el TEG por aprobar fondos a Apdemes. / DEM


Luego de dos años de estudio de una denuncia, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) decidió absolver al diputado y dirigente de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Guillermo Gallegos de cualquier infracción ética.

La resolución fue firmada el 8 de enero de 2019, sin que ningún miembro del TEG emitiera voto razonado.

La demanda, interpuesta por Roberto Burgos y otros ciudadanos en diciembre de 2016, argumentaba que el 20 de noviembre de 2014 y el 26 de noviembre de 2015, Gallegos aprobó como diputado los dictámenes 359 y 78 de los presupuestos de 2015 y 2016, que entregaban $250,000 en 2015 y $300,000 en 2016 a la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (Apdemes), cuya fundadora es la esposa del diputado.

El TEG sostiene que “la información recabada refleja que la cónyuge del diputado Gallegos Navarrette no se encontraba vinculada a Apdemes a la fecha en la cual ese funcionario realizó esas acciones”, ya que renunció de la vicepresidencia de Apdemes el 20 de octubre de 2014.

Los miembros del TEG también argumentaron que Apdemes es una entidad “no lucrativa” y citan que así lo dicen sus estatutos. Su razonamiento es que “si bien a Apdemes implicaba un beneficio directo (…), ello no redundaba en el lucro de sus miembros”.

La tercera razón del TEG para exonerar a Gallegos es que “en la documentación incorporada al expediente constan comprobantes del reintegro al Ministerio de Hacienda de los montos transferidos a Apdemes durante los años 2015 y 2016”.

Cita los folios del 87 al 89, aunque no detalla quién devolvió los fondos y cómo Apdemes tomó la decisión de devolver el dinero.

La devolución, según el TEG, “robustece la desvinculación de la señora Romero de Gallegos con los fondos asignados a Apdemes”.

Burgos consideró que con esta resolución se perdió “una oportunidad valiosa de sentar un precedente contra el abuso de poder y el conflicto de intereses en el país” y está “demostrada la poca capacidad de investigación y control del TEG sobre la conducta antiética de funcionarios”.

Burgos, quien criticó que el TEG no se pronunció sobre las pruebas aportadas, resaltó que el TEG no detalló en qué fecha ni por quién ni de qué forma fueron devueltos los fondos, o si estos generaron algún interés en cuentas bancarias. “La decisión de otorgarlos fue arbitraria, innecesaria y sin estudios fundamentados previamente”, afirmó.