Roberto Rubio, director de la Funde, presenta una demanda de inconstitucionalidad. / Y.M.
Representantes de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), capítulo de Transparencia Internacional (TI) en El Salvador, pidieron declarar inconstitucional una disposición de la Ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE)
El artículo 8 de la Ley del OIE indica que todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el OIE “serán considerados clasificados, cuyo manejo corresponderá al Presidente de la República”.
De acuerdo al director ejecutivo de la Funde, Roberto Rubio, esta disposición viola los artículos 195 y 227 de la Constitución de la República, el primer artículo exige que la Corte de Cuentas fiscalice y audite los fondos de las instituciones del Estado.
El artículo 227 de la Constitución exige que el presupuesto general del Estado contenga la estimación de todos los ingresos, así como todas las erogaciones estatales.
Una ley desde 2001
La ley del OIE fue aprobada el 20 de septiembre de 2001, pero Hacienda dio cuentas a finales de 2016 de la existencia de gastos reservados que habían tenido distintas instituciones desde 1995. En enero de 2017, Diario El Mundo publicó que los gastos reservados en todo el Estado sumaban en ese momento $996 millones, la mayoría en la Presidencia de la República, pero también existentes en instituciones como la Policía Nacional Civil, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobernación y otras.
Según el director de la Funde, la información pública debería ser la financiera, mas no información operativa cuya publicación podría perjudicar la seguridad nacional.
“Los otros gastos, asignación presupuestaria, deberíamos conocer los ciudadanos, conocer el salario del director del OIE, las compras, gastos operativos, cuánto gastan en luz, proveedores de vehículos”, ejemplificó.
La administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén hizo un gasto de $183 millones de gastos reservados del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019. Diario El Mundo publicó el detalle y los fondos del polémico rubro que quedan disponibles hasta diciembre de 2019 para el Gobierno entrante.