Dos exmiembros propietarios del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), Efraín Gutiérrez y Manuel Martínez, podrían haber cometido delitos “relativos a la fe pública” por alterar resultados de la evaluación a una magistrada, según una resolución del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El CNJ es la institución encargada de evaluar a jueces y magistrados cada semestre. En una demanda del Comité de Ética de esa institución, los exfuncionarios son señalados de haber cambiado los resultados de las evaluaciones de la magistrada de Cámara Especializada, Gloria Lizama de Funes. Globalmente, su nota mejoró de 68.24 a 74.29.
Uno de los señalados alega que es el pleno del CNJ la instancia de asignar las notas de los funcionarios judiciales a propuesta de la Unidad Ténica de Evaluación del CNJ.
Los exfuncionarios fueron señalados por el jefe de esta Unidad, Miguel Ángel Romero, quien calificó los cambios en las notas de “arbitrarios”.
La resolución 99-D-15 narra que Gutiérrez y Martínez intentaron acceder al “Módulo de evaluación” para alterar directamente los resultados; y que, no lográndolo, firmaron actas en las que obligan al jefe de la UTE a “adecuar los resultados”.
Los señalados están entre los candidatos, de nuevo, a consejeros del CNJ, cuya elección está estancada en la Asamblea Legislativa y debió haberse realizado a más tardar el 22 de septiembre de 2015.
La resolución firmada por los miembros del TEG dice que corresponde de manera “exclusiva” a la Fiscalía el conocimiento de estos hechos. El jefe de la UTE, Miguel Ángel Romero, dijo a Diario El Mundo que, si el Tribunal de Ética ve un posible delito, debió haber avisado a la Fiscalía. Para Romero, el TEG estaría violando el artículo 265 del Código Procesal Penal, que obliga a denunciar o avisar delitos de acción pública.
Al ser consultado sobre el tema, el presidente del TEG, Marcel Orestes Posada, dijo que no tenía a la mano el expediente. Asegura que el TEG sí avisa a la Fiscalía cuando encuentra indicios de delitos. “Hacemos eso cuando consideramos que se puede configurar delito”, dijo. El TEG evaluará emitir una nueva resolución para avisar a Fiscalía.
Tribunal de Ética no puede conocer
En resolución, el Tribunal de Ética Gubernamental dice que los hechos corresponden de forma “exclusiva” a la Fiscalía General de la República.