Desinscribir partidos, negarles la deuda política o altas multas son algunas sanciones que, según el abogado Eduardo Escobar, debe aprobar la Asamblea Legislativa, para sancionar irregularidades o delitos en el financiamiento partidario.
Escobar es demandante de la inconstitucionalidad 43-2013, cuya sentencia obliga a la Asamblea Legislativa a regular la obligación de los partidos políticos a informar sobre sus financistas y respectivos montos.
Según Escobar, los casos del diputado Reynaldo López Cardoza, quien según la Fiscalía General de la República, recibió $1 millón del narcotraficante Jorge Ulloa Sibrián para la campaña 2012 y del expresidente Mauricio Funes, quien dice haber pagado “compromisos personales” de la campaña, hacen urgente la reforma.