Aunque Fusades señala que la disposición del Gobierno a generar espacios de diálogo puede generar buen clima de gobernabilidad, advierte que una reversión a la jurisprudencia constitucional de los magistrados del periodo 2009-2018 generaría una crisis de gobernabilidad.
El DEP sostiene que los fallos de la Sala fortalecieron el sistema de control, combatieron la corrupción, atendieron reclamos ciudadanos de rendición de cuentas, modernizaron a los partidos políticos.
También señala que la Sala declaró inconstitucional una ley de probidad que eliminaba el juicio civil de enriquecimiento ilícito y ha sentado precedentes para las despartidización de las instituciones públicas.
La institución, en su estudio del año político, hace el llamado de evitar dos escenarios este año: una eventual acefalía por no lograr votos necesarios. Esto, argumenta, “pondría en riesgo la tutela de los derechos fundamentales”.
Un segundo escenario es que se realice una elección con criterios políticos, elección que ya no estaría bajo un control constitucional.
Amenaza
El estudio observa un discurso coincidente de rechazo y amenazas a la Sala de lo Constitucional entre el Gobierno y el FMLN.
Según Fusades, el Presidente y el FMLN tienen una correlación ideológica en sus expresiones contra la Sala de lo Constitucional y cita cuando en noviembre de 2017 el mandatario pronunció la frase: “Todos tenemos en la mira a la Sala por cómo está actuando”.
La Asamblea Legislativa debe elegir a cinco magistrados y sus suplentes para que funjan como tales a partir del 16 de julio de 2018.
