El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, ha sido crítico de la administración Bukele desde el pasado 9 de febrero de 2020. /Archivo DEM.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, considera que la reforma constitucional que alista el Gobierno de El Salvador podría consolidar una "toma de poder" de Nayib Bukele desde el Ejecutivo.
Dado el récord de la Asamblea de Bukele, es razonable temer que utilizará la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder por parte del Ejecutivo”. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de HRW.
Las declaraciones están incluidas en un informe publicado en la web de HRW por los primeros seis meses de la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas desde el 1 de mayo.
En su publicación, la organización externa su "temor" por los retrocesos democráticos y en derechos humanos en el país, incluyendo "medidas drásticas orientadas a destruir la independencia judicial y restringir la rendición de cuentas públicas".
A criterio de la organización, los diputados oficialistas "han utilizado su mayoría de dos tercios en la legislatura para impulsar una agenda —promovida por Bukele— para eliminar prácticamente todos los controles sobre el Ejecutivo".
Como ejemplo, citó los decretos legislativos para remover a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general el 1 de mayo, así como las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, que destituyeron a un tercio de los jueces de todo el país.
HRW también señaló a la Asamblea de haber archivado varios proyectos de ley que hubieran significado avances para los derechos fundamentales, como la despenalización del aborto en ciertas circunstancias y el reconocimiento legal del género para las personas transgénero.
En tan solo seis meses, los legisladores oficialistas han debilitado gravemente el sistema básico de pesos y contrapesos democráticos, y han permitido que Bukele concentre aún más poder en sus manos”. José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
El prontuario de la Asamblea de Bukele, según HRW.
El 1 de mayo, Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. Para la organización, esto es "una violación a los estándares internacionales de derechos humanos que establecen claramente que ningún juez o fiscal puede ser destituido solo porque el gobierno o el partido oficial no coinciden con sus decisiones".
El 19 de mayo, la Asamblea oficialista archivó un proyecto para despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación sexual o cuando el feto presente complicaciones graves incompatibles con la vida extrauterina. "El Salvador sigue siendo uno de los pocos países del mundo donde el aborto se encuentra totalmente prohibido, lo cual viola los derechos humanos de las mujeres", señalan.
El 14 de mayo, archivaron un proyecto que habría establecido un procedimiento de reconocimiento legal del género para las personas transgénero. Esto, afirma HRW, vulnera el derecho a votar, a estudiar y a trabajar de esta población.
El 5 de mayo, la Asamblea aprueba la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de Salud pública ocasionados por la pandemia de Covid-19, mejor conocida como "Ley Alabí", debido a que otorga “inmunidad” a funcionarios gubernamentales y contratistas relacionados a compras de emergencia por la pandemia de Covid-19.
El 20 de octubre, la Asamblea reformó la ley para "aclarar" que la "inmunidad" no se refería a actos de "corrupción", "soborno" o cualquier "actividad delictiva similar". La nueva ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.
El 18 de mayo, Nuevas Ideas conformó una comisión especial para investigar la asignación de los fondos públicos a las organizaciones no gubernamentales. Esto, según HRW, "es un esfuerzo por intimidar a las organizaciones de la sociedad civil". Critican la falta de pruebas y resultados.
El 30 de junio, la Asamblea designó a cinco nuevos jueces de la Corte Suprema de Justicia, proceso criticado por vulnerar el proceso establecido por la Constitución y las normas internas de la Asamblea.
El 31 de agosto, los legisladores aprobaron reformas a la Ley de la carrera judicial y la Ley Orgánica de la FGR, permitiendo que la Corte Suprema y el fiscal general destituyan a fiscales y jueces de instancias inferiores e intermedias mayores de 60 años de edad. Estas medidas, afirman, podrían ser utilizadas para castigar a aquellos que son independientes o son percibidos como tales.
El 21 de septiembre, la Asamblea designó a siete miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. HRW critica el proceso, debido a que los diputados hicieron preguntas como qué pensaban sobre la reciente destitución de jueces y sobre una sentencia de septiembre que habilitó a Bukele a postularse para la reelección inmediata.
El 20 de octubre, además, aprobaron una ley que prohíbe de forma temporal las “concentraciones masivas, sin distanciamiento social, donde participen personas sin esquema completo de vacunación”, a menos de que hayan sido autorizadas por el Ministerio de Salud. Esto, según la organización, en un intento por bloquear las protestas contra el gobierno. La ley aún no ha sido publicada en el Diario Oficial.