A 33 años de la firma del Acuerdo de Paz: "Ni enfrentamientos, ni riesgo de ser capturado por ser joven"

Hace exactamente 33 años, un 16 de enero de 1992, la población salvadoreña daba testimonio del fin de una guerra que por más de una década sometió a miles de salvadoreños a enfrentamientos, persecuciones, asesinatos, torturas, secuestros y masacres. Tras una larga negociación, la noticia de la paz llegó a las familias salvadoreñas la noche del 31 de diciembre de 1991 desde Nueva York, un día de fiesta que terminó con abrazos de paz dentro de las familias y que se selló con la firma dieciséis días después. Ahora, un grupo de miembros de organizaciones, representantes de víctimas del conflicto o de crímenes cometidos en esa época, subrayan la importancia del fin del conflicto aunque aún ven desafíos. María Luz Rivas, representante legal de Comadres, quien nunca más volvió a ver a su padre desde que fue detenido y desaparecido en 1987, cuenta que, cuando se firmó la paz, sintió "alegría", pero que hoy ve "una gran deuda histórica" con las víctimas del conflicto armado como una Ley de Justicia Transicional que garantice justicia, verdad y no repetición.

"Ni el riesgo de ser capturado por ser joven"

Ramón Arita, sobreviviente de tortura, ahora miembro del Comité de Expresos Políticos (Coppes), fue capturado en septiembre de 1985 y sufrió torturas durante más de 10 días en la entonces sede la Policía Nacional (PN). "Nada justifica la tortura, ni el disentimiento político", dice. Pero en la época del conflicto, cuenta, "por el mero hecho de disentir" una persona "corría el riesgo de que alguien fuera capturado, torturado, asesinado o desaparecido". Él no creía en la firma de la paz, pero la aceptó. Ahora la define como "una paz aceptable" y advierte que "los crímenes no deben ser repetidos". La garantía de "no repetición" es una de las exigencias de la sentencia de la Sala de lo Constitucional –del año 2016– que anuló la amnistía absoluta decretada en 1993. Según Humberto Sánchez, presidente de Coppes, fueron más de 20 años de momentos difíciles en el país que se manifestaban contra "el libre tránsito, el libre pensamiento o la libre expresión individual o colectiva". Por eso, no cree la firma de la paz sea una farsa. "Represión, desapariciones, capturas, desplazamientos y una serie de otras condiciones, no se puede decir que los Acuerdos de Paz fueron una farsa", dice.

"Es un tema que no se desarrolla en los colegios"

Luis V. Villaherrera, un líder juvenil salvadoreño que no había nacido cuando se firmó la paz, cree que hablar de lo que sucedió en la guerra es una forma de no repetir la experiencia de la guerra, pero no ve una conciencia suficiente en los jóvenes. "Si yo lo hablo con amigos con diferentes partes del país, hay poco conocimiento. Si nos vamos a jóvenes y niños, hay casi nulo conocimiento de lo que sucedió y la lucha que se creó durante ese momento", reconoce. Luis es un promotor de la democracia de 29 años y finalista del Premio de la Democracia Kofi Annan por su trabajo como presidente de la organización Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda). Para las mujeres que sufrieron persecución de sus familiares durante la guerra fue imprescindible terminar con esa época. Antes de que iniciara oficialmente la guerra ya existía una persecución contra personas civiles. Comadres, como se conoce el Comité de Madres y Parientes de prisioneros, desaparecidos y mártires políticos de El Salvador, fue precisamente una organización creada en diciembre de 1975 por madres de víctimas de la masacre estudiantil ocurrida 30 de julio de 1975. ​​​​​​Este miércoles, otra de las integrantes de Comadres relató cómo a su hermano se lo llevaron y lo torturaron porque estudiaba en la Universidad de El Salvador (UES) en una época en que, recuerda, estudiar en una universidad o pertenecer a una organización era motivo de amenazas, capturas o torturas. Sin embargo, ahora las organizaciones señalan deudas con las víctimas del conflicto armado y no creen que la paz en El Salvador sea plena. Una de estas tiene que ver con tener un Estado de Derecho que vele por los inocentes que están pagando penas injustas pese a que ahora hay seguridad.