El dictamen de acusación de la masacre de la UCA señala que el Alto mando de la Fuerza Armada de El Salvador supuestamente mandó a asesinar, el 16 de noviembre de 1989, al padre Ignacio Ellacuria y cinco jesuitas más, por considerarlos "cabecillas” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra civil salvadoreña.
Para esas fechas ocurría la Ofensiva Final "Hasta el tope”, donde el Alto mando de la Fuerza Armada estaba conformada por el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa, el viceministro de la Defensa y de Seguridad Pública, y el 15 de noviembre acordaron iniciar una contraofensiva a partir de la 1 de la madrugada del 16 de noviembre para "desalojar a los terroristas de la ciudad capital”.
Fue durante esa reunión, donde el jefe del Estado Mayor, el coronel René Emilio Ponce, le ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, quien era el director de la Escuela Militar, que "debía de eliminar al padre Ignacio Ellacuria, sin dejar testigos”, dice la acusación fiscal.
Benavides una vez recibió la orden, les informó ya en el interior de la Escuela Militar a las unidades militares sobre la orden dada para combatir a la ofensiva del FMLN, diciéndoles: "Esta es una situación donde son ellos o somos nosotros; vamos a comenzar por los cabecillas. Dentro del sector nuestro está la Universidad José Simeón Cañas (UCA) y allí está Ellacuría”.
¿Cristiani ordenó la masacre?
Según la relación de los hechos del dictamen de acusación, en la reunión donde se acordó asesinar al padre Ellacuría, no se menciona que el expresidente Alfredo Felix Cristiani Burkard haya estado presente, la Fiscalía solo menciona que se daría un receso para esperarlo, ya que Cristiani tendría la palabra en cuanto a "aprobar, desaprobar o modificar las acciones”, sin embargo, no concluye si llegó o no a la reunión.
"Pero al no haber contra orden, significó entonces que estuvo de acuerdo”, concluye la Fiscalía en su dictamen de acusación.
El dictamen únicamente dice que, mientras el coronel Benavides transmitía la orden del asesinato de los jesuitas, el presidente Cristiani llegó a eso de las 11 de la noche al Estado Mayor Conjunto donde sería informado de "un cambio en el dispositivo militar”, dónde éste lo autorizó, sin especificar, si se referían a la orden del asesinato de los jesuitas.
El pasado 5 de junio, los fiscales del caso manifesetaron que el expresidente Cristiani estuvo presente a la hora de darse la orden, pese a que en el dictamen no está establecido.
"Es de tomar en consideración que no es solo un testigo, Emilio Ponce, que ya falleció refiere que ahí estuvo el expresidente Cristiani, tenemos otros testigos que también lo ubican en el lugar. Que de igual manera él estuvo de acuerdo o autorizó, los hechos que desencadenaron la muerte”, fue la declaración del fiscal el día de la presentación del dictamen de acusación, y que fue compartida en un video en las redes sociales de la Fiscalía.
El acta de entrevista de el ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Gilberto Rubio Rubio, agregada como prueba testimonial en el caso, dijo que no estuvo presente en la reunión que se desarrolló entre las 10 y 11 de la noche del 15 de noviembre, que no le consta que estuviera el expresidente Cristiani.
El expresidente ha negado haber estado en la reunión o saber sobre los asesinatos previamente.
En la investigación final, la Fiscalía le atribuye el delito de comisión por omisión de asesinato, en perjuicio del los sacerdotes jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baro, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, José Joaquín López y López, Amanado López Quintana, y las empleadas Julio Elba Ramos y Celina Mariceth Ramos.
La Fiscalía argumenta que Cristiani, al ser el comandante general de la Fuerza Armada, se determina la línea de mando y la estructura jerárquica de las instituciones, y de la cual tenía la capacidad de decidir, en última instancia, la ejecución o no de la operación militar, pero que no habría hecho nada para que el asesinato no se cometiera.