Aprueban reformas a ley contra crimen organizado y regulan beneficios a confesos

La Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves un conjunto de reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones que regulan criterios de oportunidad para miembros del crimen organizado y facilitan la intervención de las telecomunicaciones. La reforma a la Ley contra el Crimen Organizado introduce reglas para solicitar el procedimiento abreviado a favor de imputados que confiesen contra copartícipes o cómplices. Actualmente, el Código Procesal Penal prohíbe conceder el criterio de oportunidad "en el caso de crimen organizado” "a quienes dirijan las organizaciones, salvo que sea imprescendible para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula”. Dicho Código permite prescindir "total o parcialmente” de la persecución penal. La propuesta original de reforma a la Ley del Crimen Organizado incluía un artículo 19-B con la incorporación de una disposición que indicaba: "En los delitos de crimen organizado podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan o sean parte de las organizaciones criminales previa verificación de la información proporcionada”. Dicha disposición fue eliminada ayer luego de una nueva redacción de artículo propuesta por el fiscal general, Rodolfo Delgado.

Autorización fiscal.

Según la nueva redacción, el fiscal podrá prescindir de la persecución penal de uno o varios hechos impuestos a alguno de los partícipes si la información es "útil para probar la participación de los miembros de la organización delictiva”. La pena no podrá ser menor de la mitad del mínimo de la pena "a menos que exista autorización expresa del fiscal general de la república en la que se expongan las razones” que lo justifican. Delgado explicó que a los arrepentidos que deseen colaborar se les impondrá una pena que sería "controlada en última instancia por el fiscal general de la república debidamente justificado y dentro de los parámetros” de la legislación. El gobierno ha dicho que estas reformas garantizarán que los pandilleros no regresen a las comunidades. Desde el 27 de marzo que inició la vigencia el régimen de excepción se han arrestado más de 54,000 personas señaladas de pertenecer a pandillas o de otros delitos.