Arrestan al diputado Alberto Romero y será puesto a disposición de la Asamblea

La Policía Nacional Civil detuvo este miércoles al diputado de Arena, Alberto Romero, tras supuestamente insultar a agentes policiales, luego que la Fiscalía General de la República presentara una solicitud de desafuero en su contra en la Asamblea Legislativa. La Corporación añadió que la detención ha sido por el delito de "resistencia agresiva", sin embargo, por poseer fuero constitucional será trasladado a la Asamblea Legislativa para ponerlo a disposición, según el artículo 238 de la Constitución de la República. El inciso tercero del artículo 238 de la Constitución indica que "Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un diputado fuere sorprendido en flagrante delito, desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea". La detención ocurrió mientras la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea leía la solicitud de antejuicio y estudiaba si había indicios para conformar una comisión de antejuicio. En su cuenta de red social X (Twitter), la Policía indicó que según el artículo 14 de la Ley de Imposición de Arrestos la Asamblea podrá arrestarlo hasta por cinco días; sin embargo, el referido artículo dice textualmente: "Concluído el término de prueba, si hubiere tenido lugar, y recibidas las que se hubieren ordenado o solicitado, la autoridad dictará resolución dentro de tercero día, con fundamento en las pruebas y disposiciones aplicables. Si se impone el arresto o la multa, la sanción se determinará de conformidad a la ley respectiva, pero el arresto no podrá exceder en ningún caso de quince días". La tarde de este miércoles, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, presentó una solicitud para desaforar a Romero por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Deacuerdo al ente fiscal el diputado Romero no ha podido justificar el monto de $1,162,388.05. El 14 de agosto, la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro de Cojutepeque declaró culpable a Alberto Romero por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $445,766.05. El funcionario fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por diez años.