La Asamblea Legislativa aprobó esta noche ocho decretos que, según el Gobierno, mejorarán el "combate" a las pandillas en El Salvador: aumento de penas, supresión de derechos procesales a los detenidos cuando estos son pandilleros, un presupuesto de $80 millones, y una ley de recompensa para los ciudadanos que entreguen terroristas.
Las reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, así como las realizadas a las leyes de drogas, terrorismo, penal juvenil y de extorsión; y la nueva ley de recompensas, fueron declaradas de orden público, es decir, se podrán aplicar de manera retroactiva.
La votación de los ocho decretos concluyó esta noche a las 9:49 p.m., hora a la que cerró la sesión plenaria extraordinaria.
Este es un resumen de lo aprobado la noche de este miércoles:
1. Reformas al Código Penal
Cárcel 20 a 30 años, por el delito de violación y agresión sexual agravada. Pena actual: 8 a 20 años.
Penas de 20 a 30 años de prisión para quien "tomase parte" de una pandilla o mara. Pena actual: 5 a 8 años.
Penas de 40 a 45 años de prisión para pandilleros cabecillas, creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas. Pena actual: 9 a 14 años.
Penas de 20 a 30 años para quienes faciliten las agrupaciones o las pandillas recibiendo provecho sin ser parte de estas. Pena actual: 3 a 6 años de prisión.
Penas de 20 a 30 años por pactos o acuerdos para dar beneficios, o sean intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes. Artículo nuevo.
Penas de 20 a 30 años de prisión por la proposición y conspiración de agrupaciones ilícitas. Actual: 6 meses a 2 años.
2. Reforma a ley de las drogas
La reforma a la "Ley reguladora de las actividades relativas a las drogas" aumentó las penas para las pandillas a un rango entre 20 y 30 años de prisión, colocándolo como agravante. En la actualidad se subía hasta una tercera parte de la pena impuesta que podía ser hasta de 15 años de prisión.
3. Reforma al Código Procesal Penal
No será aplicable el máximo previsto de la detención provisional para el trámite del proceso para delitos menos graves (12 meses) y graves (24 meses).
Protección de nombres de jueces, magistrados o secretarios, y que se imposibilite su identificación visual.
La rebeldía no suspendería el curso del proceso.
Admisión del testimonio de referencia en procesos contra pandillas o maras.
No procederán las medidas alternas ni podrán sustituir la detención provisional en delitos cometidos por miembros de grupos terroristas (maras o pandillas).
4. Reforma presupuestaria de $80 millones
Asamblea Legislativa aprueba reforma presupuestaria de $80 millones: $20 millones para Defensa Nacional y $60 millones para Justicia y Seguridad Pública (armas y equipo).
5. Reforma a ley del terrorismo
Reforma a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo para aumentar las penas por el delito de "organizaciones terroristas”: 8-12 hacia 15-20 años de prisión para pandillas, y 10-15 hacia 30-40 años de prisión para organizadores, jefes, dirigentes o cabecillas de pandillas.
6. Reformas a la Ley Penal Juvenil
La reforma indica en el artículo 8 que el menor podrá ser sometido a "pena de prisión”. Actualmente es "internamiento".
Actualmente el término máximo de internamiento es siete años y cuando los delitos son homicidio agravado, extorsión , secuestro, violación, agresión sexual, robo agravado, hasta 15 años.
La reforma agrega que cuando los delitos hayan sido cometidos por pandilleros, el máximo podrá ser de hasta 20 años de prisión a los menores con 16 años cumplidos, y hasta 10 años de prisión cuando un menor haya cumplido 12 años.
La sustitución o revocatoria de internamiento no será procedente cuando se trate de pandillas. La duración del proceso estará supeditada a la tramitación del proceso hasta la sentencia firme.
7. Reformas a ley de extorsión
Reformas a la Ley Especial contra el Delito de Extorsión: la sanción penal será de 20 a 30 años de prisión si el autor del delito de extorsión es pandillero (actualmente no es agravante).
La proposición y conspiración de extorsión y extorsión agravada será sancionada con pena de 10 a 15 años de prisión (2-5 años de prisión actualmente).
8. Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo
Esta ley fue aprobada con 66 votos y también fue declarado de orden público. Regula la entrega de recompensas a personas que brinden información de grupos de terroristas buscados por las autoridades. La administración de las recompensas estaría a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, que también definiría el listado de personas por las cuales se entregaría recompensa.