Una fuente judicial afirmó que Benavides inculpó de la matanza al general René Emilio Ponce y al teniente coronel Camilo Hernández.
El coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, condenado por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, declaró el pasado lunes ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador sobre la masacre cometida el 16 de noviembre de 1989, en el campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
Un comunicado del Centro Judicial Isidro Menéndez, publicado en la red social Facebook, indicó que el militar fue interrogado por tres fiscales y su declaración anticipada fue tomada en calidad de testigo de la Fiscalía General de la República.
A la declaración anticipada no asistieron periodistas, pero una fuente judicial relató que el coronel Benavides dijo "que los jesuitas no eran considerados como aliados o colaboradores del FMLN en la Ofensiva ‘Hasta el Tope’”, y que inculpó al general René Emilio Ponce, quien al momento de la masacre ostentaba el cargo de jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada, también al teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, quien era el subdirector de la Escuela Militar. Benavides era el director de esa escuela.
"(Dijo que) ese era un plan ideado entre el general Ponce y Camilo Hernández que era el subdirector de la escuela militar, en aquel entonces, que ya tenían armado quién iba a ir, que prácticamente él solo trasladó la información, pero que él no sabía que la orden también era eliminarlos sin dejar ningún testigo”, dijo la fuente.
"Él dijo que le ordenaron ejecutar a (al padre Ignacio) Ellacuría, dijo que estando ya (en el lugar), tuvieron que matar a los demás, porque no podían dejar testigos”, aseguró otra fuente del caso.
Carlos Camilo Hernández Barahona asistió a la audiencia inicial en febrero de 2022.
El general René Emilio Ponce murió el 2 de mayo del 2011 y por esa razón fue exonerado de este proceso, donde la Fiscalía General de la República lo había acusado. El Informe de Comisión de la Verdad lo señaló de ser quien dio la orden de asesinar a los jesuitas, sin dejar testigos.
Mientras que Carlos Camilo Hernández Barahona es uno de los 10 militares acusados en el proceso penal y uno de los que llegó el día de la audiencia inicial, cuando el caso se reabrió, el año anterior.
"El objetivo de la diligencia es buscar extraer información del testigo que ilustre a la jueza y al mismo tiempo a las partes ya sea para robustecer la acusación o desvirtuarla mediante el testimonio del militar retirado de 77 años. La declaración será anexada al expediente”, dice el comunicado del Centro Judicial, que omite el contenido de la declaración anticipada de Benavides.
Delitos y acusados.
En este caso son procesados el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard, el exdiputado Rodolfo Párker, el general Juan Rafael Bustillo -quien estuvo durante la declaración anticipada- el general Juan Orlando Zepeda Herrera, el general Rafael Humberto Larios López, el teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, el coronel Inocente Orlando Montano Morales, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía.
Los delitos ventilados son comisión por omisión en el delito de asesinato, asesinato, coautoría de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiracion para actos de terrorismo, hurto calificado, comisión de fraude procesal y encubrimiento personal.
En el caso del exdiputado Parker, su defensor, Carlos Miranda, dijo que "de valorarse en juicio esta declaración mi cliente jamás encubrió ni tampoco ejecutó fraude procesal a favor del alto mando”.
El coronel Benavides, testigo de este proceso, fue condenado en la década de los 90 a 30 años de prisión por la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, en el hecho conocido como masacre de la UCA. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía General de 1993 recuperó su libertad, pero en 2016, con la derogación de dicha normativa fue recapturado para que cumpliera su condena. En noviembre del año pasado obtuvo la libertad condicional anticipada, bajo el argumento de su edad, y haber cumplido un tercio de la pena.
El 16 de noviembre de 1989 fueron asesinados los sacerdotes jesuitas, entre ellos, el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, José Joaquín López, Armando López Quintana y las colaboradoras, Julia Elba Ramos y Celina Ramos, supuestamente, por el Batallón Atlacatl.
Los acusados
1. Alfredo Félix Cristiani
2. Rodolfo Párker
3. Juan Rafael Bustillo
4. Juan Orlando Zepeda
5. Rafael Humberto Larios
6. Carlos Camilo Hernández
7. Nelson Iván López
8. Joaquín Arnoldo Cerna
9. Inocente Orlando Montano
10. Óscar Alberto León
11. Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía