Cámara condena al ex viceministro Atilio Benítez y su esposa por enriquecimiento ilícito

La Cámara Ambiental de Sengunda Instancia de Santa Tecla condenó, este lunes, al general y ex viceministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada y su esposa Ema Isaura de Benítez, por el delito de enriquecimiento ilícito por $121,657.35 y los inhabilitó durante 10 años para ejercer cualquier cargo público. "A ambos se les ha condenado a restituir al Estado de El Salvador por enriquecimiento ilícito, al señor José Atilio la suma de $88,044; a la señora Emma Isaura la cantidad de $33,613.35, haciendo un monto total de $121,657.35", explicó una fiscal, a través de declaraciones compartidas por la unidad de prensa de la Fiscalía. El general Atilio Benítez fue ministro de la Defensa, en el gobierno de Mauricio Funes, durante el 1 de junio de 2009 al 21 de junio de 2011, por un tiempo fue ministro de esa cartera de Estado. Inicialmente, la Fiscalía lo acusó por enriquecimiento ilícito de $169,957.35. Según la Fiscalía, Probidad detectó que Benítez habría realizado 40 depósitos bancarios en cuentas corrientes, por un monto de $113,344, de los cuales no pudo comprobar su procedencia. En el caso de su esposa, el fiscal afirma que se le encontraron cuatro irregularidades que suman la cantidad de $56,613.35, correspondientes a depósitos en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, cuya procedencia tampoco fue justificada. Sin embargo, durante el juicio y tras un examen financiero, el monto se redujo en $48,300.

Otro caso

El próximo 3 de julio, también el exministro enfrentará el juicio ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador en el proceso penal por actos arbitrarios, comercio ilegal de armas de fuego, estafa y peculado. Según la Fiscalía, el imputado habría cometido los delitos cuando fungió como ministro y viceministro de Defensa, y aprovechó la aprobación del decreto legislativo número 25, que entró en vigencia el 25 de mayo del año 2009, que le permitía a las personas que tenían armas ilegales las pudiera legalizar en un período de 45 días. La Fiscalía le imputó 15 casos de registro ilegal de armas.