Convenio OIT daría paso a que Estado administre sistema de pensiones

El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ratificaría la Asamblea Legislativa obligaría al Estado a asumir la responsabilidad de gran parte del sistema de pensiones. Este es uno de los cinco convenios cuya ratificación solicitó este lunes el Ejecutivo al Legislativo. Para Maricarmen Molina, líder sindical de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores (CSTS), una de las organizaciones sindicales que se reunió el domingo con el Gobierno, la responsabilidad que delega este Convenio al Estado es clara. "La ratificación del Convenio 102 plantea principios de universalidad, solidaridad, inclusión, es decir que esto lo que le está diciendo es el Estado el responsable de administrar la seguridad social y el tema de pensiones es tema de previsión social, que entra en la seguridad social”, explicó. En la práctica, según Molina, significa la nacionalización del sistema de pensiones: "De los 30 países que tenían implementado este sistema privado ya 18 lo han revertido, también debemos revertir este sistema” dijo.

El Convenio 102.

El Convenio 102 obliga a los Estados a "garantizar” asistencia médica, prevención por desempleo y prestaciones de vejez, entre otras prestaciones, por la "supervivencia más allá de una edad prescrita”, a por lo menos la mitad de asalariados y al menos 50 % de todos los residentes o habitantes, así como a cónyuges e hijos. También, garantiza prestaciones a quienes han cumplido 30 años de cotización o 20 años de residencia, y sugiere una "prestación reducida” a quienes hayan cumplido 15 años de cotización. Según el Convenio 102, hay posibilidad de suspender la prestación si "ejerce ciertas actividades remuneradas prescritas” en la ley o de reducir "las prestaciones contributivas cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito” por la ley.

La propuesta sindical: sistema tripartito.

Los sindicatos promueven la creación de un sistema de pensiones público a través de un ente autónomo tripartito que tenga igual participación de empleadores, Estado y trabajadores. Esta administración, de acuerdo a la lógica de los sindicatos, debe integrarse por trabajadores activos y trabajadores pensionados. Actualmente, un cuarto de la Población Económicamente Activa cotiza en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP); parte de sus ahorros se destinan a una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) para una pensión vitalicia. Quienes están por jubilarse enfrentan una disminución en el cálculo de sus pensiones, de acuerdo a su cuenta individual, por lo que piden una reforma.