Corte Interamericana en audiencia por El Mozote recibe reportes sobre parálisis del proceso judicial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó el pasado 12 de marzo una audiencia privada por el caso El Mozote en la cual representantes de las víctimas de la masacre expusieron graves incumplimientos del Estado en relación a la sentencia de 2012 y violación al debido proceso por parte de la jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Mirtala Portillo. De acuerdo a David Morales, jefe jurídico de Justicia Transicional de Cristosal y querellante en el proceso penal por la masacre de El Mozote en 1981, la audiencia privada a decisión de la Corte, tuvo la asistencia de todos los jueces de la Corte, representantes de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Tutela Legal y Morales como representante de las víctimas. "Pudimos exponer los graves incumplimientos que tiene el Estado en relación a la sentencia interamericana”, relató. De acuerdo con Morales, informaron a la Corte del incumplimiento en las reparaciones a las víctimas y del estancamiento del proceso judicial, desde la destitución del juez Jorge Guzmán y la actuación de la jueza Mirtala Portillo, quien antes de la Navidad de 2023 incluyó a Rubén Zamora, crítico de la amnistía absoluta, entre los acusados de la masacre por "encubrimiento" por haber estado en la junta directiva legislativa cuando se aprobó la Ley de amnistía general para la consolidación de la paz de 1993. "Prácticamente la instrucción está estancada, paralizada, la instrucción estaba lista para elevarse a plenario contra 13 oficiales que integraban la cadena de mando; pero desde entonces, la nueva jueza ha aplicado una serie de criterios dilatorios que están prolongando la instrucción”, relató. Morales relató que también informaron a la Corte IDH "violaciones al debido proceso en que está incurriendo la actual juzgadora” porque realiza "bloqueo al acceso al expediente” a los acusadores particulares representantes de las víctimas, así como ciertas "actuaciones judiciales que no se han ordenado en una resolución” sin notificación a las partes violando "el principio de publicidad de los procesos penales”. "Estas y otras irregularidades fueron expuestas ante la Corte. Esperamos que en algunas semanas se emita una resolución de supervisión de la Corte muy contundente”, indicó. Además, le reportaron los problemas que ha tenido el registro de víctimas desde que se eliminó la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República que tenía a su cargo el registro único de víctimas y familiares de víctimas de la masacre, creado desde 2016 a raíz de la sentencia de la Corte IDH. Recientemente, el gobierno decretó el traslado del registro único a Gobernación, luego de la disolución de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc).