En la demanda, Cruz pide que la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, conceda una audiencia con los afectados, se investigue y demuestre la vulneración a los derechos del honor e integridad, el trabajo, la seguridad jurídica, la defensa, la igualdad y la propiedad.
Cruz también señaló que la PDDH se encuentra con “acción pasiva” en este caso, y advirtió que, ante la falta de interés, procederán a presentar una denuncia por incumplimiento de deberes y actos arbitrarios por parte de las autoridades.
El pasado 11 de mayo de este año, la alcaldía de La Paz Centro desalojó a 59 comedores construidos con ramadas de la playa Costa del Sol, en San Luis La Herradura, La Paz. Personal de la alcaldía, con el apoyo del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y la Policía, ejecutó el desalojo utilizando sierras y fuego para retirar las estructuras, dejando a los comerciantes sin un espacio para operar.“Lamentamos que hasta la fecha no hayan sido entrevistadas las víctimas. Si existe un expediente en la procuraduría de Zacatecoluca pero hasta la fecha no existe respuesta”.
Ivania Cruz,
Abogada de Unidehc.
La medida fue ejecutada tras una notificación emitida por la alcaldía de La Paz Centro y firmada por César Augusto Ticas, jefe de Catastro y Control Tributario Municipal, que daba un plazo de 24 horas para un desalojo "voluntario" en caso de carecer de permisos de construcción y medio ambiente.
Más de seis meses han transcurrido desde el desalojo de más de 50 comerciantes que operaban en la zona frente al turicentro Costa del Sol. Por este caso, fue detenido el alcalde de La Paz Centro, Napoleón Armando Iraheta Jirón, por presuntamente ordenar quemar las ramadas, y fue procesado por los delitos de incendios y actos arbitrarios.
El alcalde fue capturado junto con Augusto Ticas Linares, el jefe de catastro, acusados de sobrepasar una resolución judicial de un juzgado de Medio Ambiente que había emitido una resolución con medidas cautelares contra los comerciantes ubicados en la playa de la Costa del Sol, que ordenaba una verificación de permisos y suspensión de los comercios y no una quema de las ramadas.
La jueza en una revisión de la resolución negó que ella había ordenado quemar las ramadas, y aseguró que el exalcalde "malinterpretó" la resolución.
Alcaldía sin responder
Cruz externó que existe preocupación dado que la alcaldía de La Paz Centro se comprometió a resarcir los daños, pero no ha respondido.“La alcaldía se comprometió a rendir cuentas por sus acciones. Debe responder por los daños materiales y la mercancía perdida de los comerciantes. Hasta la fecha, no hay respuestas, estas personas siguen desempleadas y sin poder reactivar sus negocios”, afirmó Cruz.
Además, señaló que, como parte de la Unidehc tienen conocimiento de un terreno embargado por el Estado, el cual podría ser una opción para reubicación de los afectados, aunque aún no se ha confirmado oficialmente.