Cristosal pide a CCR investigar posible espionaje estatal a periodistas y ciudadanos

La fundación Cristosal solicitó hoy ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) que investigue el posible uso de fondos públicos en la contratación del software espía Pegasus con el objetivo de intervenir ilegalmente las telecomunicaciones de ciudadanos. De acuerdo con Cristosal, es necesario evitar el uso de fondos públicos en el espionaje. Ruth López, jefa jurídica de anticorrupción y justicia de Cristosal, señaló que la petición pretende determinar la adquisición de un software que realiza actividades ilegales sobre ciudadanos salvadoreños. Los denunciados ante la CCR son Nayib Bukele, presidente de la República; Peter Dumas, jefe del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad; y René Merino Monroy, ministro de la Defensa. Jonathan Sisco, técnico jurídico de la unidad de anticorrupción y justicia de Cristosal, aseguró que es necesario que la CCR realice una auditoría que verifique el uso de los fondos para determinar responsabilidades. El 12 de enero de 2022, una investigación conjunta del laboratorio CitizenLab y la organización Access Now reveló que 35 periodistas y miembros de la sociedad civil de El Salvador fueron objeto de espionaje con el software Pegasus creada por la empresa israelí NSO Group. La frecuencia del uso Pegasus en iPhones de periodistas de El Faro se dio mayormente cuando se publicó el reportaje, el 3 de septiembre, de un supuesto pacto del Gobierno y la MS-13. Por su parte, NSO Group, señalada en julio de 2021 de espiar 50,000 teléfonos, ha manifestado que el software es vendido solo a gobiernos y agencias de inteligencia y de aplicación de la ley para luchar contra delincuentes, terroristas y corrupción. El Gobierno salvadoreño negó relación con Pegasus y NSO Group pero señaló su uso en 2017 en el gobierno del FMLN. Un día después de la divulgación de la investigación, varios grupos de WhatsApp de periodistas y organizaciones humanitarias fueron hackeados por una cuenta de "Yoni Azenón", un periodista cuyas cuentas fueron vulneradas según dijo en El Faro, en la que acusa a miembros de Nuevas Ideas de San Juan Opico. En El Salvador, la interferencia e intevención de comunicaciones telefónicas es un delito sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del cargo o empleo por igual tiempo si es funcionario o empleado público.