El Juzgado Segundo de Instrucción, de San Salvador, autorizó la semana pasada ampliar seis meses más el periodo de investigación para que la Fiscalía General de la República termine las pericias financieras contables en la acusación contra el expresidente Sánchez Cerén y 17 personas más, acusados de desviar, supuestamente, $183 millones, de la cuenta de gastos reservados de la Presidencia.
"Declárese ha lugar la solicitud fiscal de prorrogarle el plazo de presentación de los dictámenes periciales, no así los doce meses solicitados sino únicamente el prorrogarle por seis meses la fecha de presentación de las pericias autorizadas, es decir, que cuentan para presentar las experticias hasta el 17 de mayo del año 2024”, dice la resolución judicial.
La resolución tiene de fecha 23 de noviembre de 2023, y ese mismo día, la Fiscalía presentó el dictamen de acusación contra las 18 personas, por los delitos de lavado de dinero y peculado.
Ese día, los fiscales pidieron al juzgado les admita 900 elementos de prueba, sin especificar cuáles son, 200 testigos y tres pericias, una de estas es la financiera contable, que aún o está terminada.
¿Cuál es la acusación?
A las 18 personas, la Fiscalía General de la República los acusó inicialmente de haber desviado los $183,860,715.02 de la Cuenta de Gastos Reservados de la Presidencia de la República hacia seis cuentas de terceros entre el 1 de junio de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019.
La Fiscalía aseguró que los fondos fueron trasladados a las cuentas particulares del exsecretario privado, Manuel Melgar, y el exdirector ejecutivo de la presidencia, Manuel Ayala. La Fiscalía le atribuye a Ayala el blanqueo del dinero a cuentas del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Así mismo, la Fiscalía acusa al exasistente financiero Pablo Gómez y Edgar Lizama, exjefe del OIE del desvío de $3,968,547 provenientes de fondos de la cooperación China-Taiwán.
De los 18 acusados, cuatro están en prisión, siendo estos el exdirector ejecutivo de Casa Presidencial, Manuel Arturo Ayala Orellana; el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Jorge Antonio Revelo; la extesorera Daysi Armida Díaz y el dueño del taller "Frenos y Más”, Alexander Benítez Peña.
Por otro lado, los únicos imputados presentes, Jorge Alberto Herrera quien fungió como tesorero de Casa Presidencial; el exgerente financiero, Francisco Rodríguez Arteaga y el exasistente financiero, Pablo Gómez, tienen arresto domiciliario debido a que también están procesados en el caso Saqueo Público, y el próximo 30 de noviembre recibirán sentencia.
Los procesados en calidad de prófugos son el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; el exsecretario privado, José Manuel Melgar Henríquez; exjefe de presupuesto, José Armando Escobar Barillas; el exdirector financiero, Carlos Ernesto Guerrero; el exjefe de Inteligencia de Estado, Edgar Lizama Rivera; el exdirector Técnico, Gregorio Abarca Palacios; el expagador auxiliar de FAES, Carlos Armando Miranda; el exjefe del Estado Mayor, Arturo Gilberto Alvarado; el exasistente de Sánchez Cerén, William Oswaldo Vaquero; el exenlace de Estado Mayor, José Saúl Osorio; el Seguridad de Sánchez Cerén, Carlos Guardado.