El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (Movir) y el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) denunciaron la muerte del pastor y teólogo, Rember Antonio Valladares Portillo, quien estaba detenido en el penal de Quezaltepeque, el pasado 24 de marzo.
Según el SJH, el pastor fue detenido por una denuncia anónima por una presunta extorsión el pasado 20 de marzo de 2024 en una serie de operativos desarrollados en el departamento de La Paz. Junto a él fue detenida su esposa, Jocelyn Marilee Díaz de Valladares, y días después fue detenida la hermana de Valladares.
En dos años recluido en el penal de Quezaltepeque, Valladares Portillo enfermó de insuficiencia renal y le hacían diálisis. “Su esposa y su hermana siguen injustamente detenidas y hay una niña y un niño de 6 y 9 años que esperan volver a ver a su madre. Sólo piden justicia y que se liberen a las dos mujeres. Que si las investigan, sea en libertad, por favor”, publicó el Socorro Jurídico Humanitario en redes sociales.
El día de su captura, la Fiscalía General de la República publicó un comunicado de una serie de operativos que sumaban 31 detenciones por “diferentes ilícitos” en La Paz. Al referirse al pastor, la Fiscalía señaló que junto a su esposa, y otro sujeto identificado como José Samuel Mejía, eran acusados de extorsión.
“Según investigación, los tres imputados llegaron hasta el negocio de la víctima para exigirle $50 quincenales a cambio de no atentar en contra de su vida o la de sus familiares. Por temor, la víctima accedió y depositó diferentes cantidades de dinero en diferentes cuentas bancarias. La renta fue impuesta el 15 de enero del año 2022”, dice el comunicado. Ese es el único párrafo que se refiere a esa detención.
La hermana del pastor, Ericka Valladares, dijo que la audiencia para su hermano estaba programada para marzo de este año pero se cambió para junio. La familia del pastor pide la libertad para la esposa y ahora viuda de éste, ya que los hijos de la pareja han quedado a cargo de su abuela, una mujer adulta mayor, en su natal Nahualapa, Rosario, La Paz.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa prorrogó una vez más el régimen de excepción y anunció que más de 91,600 personas han sido detenidas desde el 27 de marzo de 2022, cuando fue aprobada la suspensión de derechos constitucionales.
Durante ese tiempo, el Socorro Jurídico Humanitario ha documentado que al menos 500 personas han muerto bajo custodia del Estado salvadoreño, que el 90 % de los muertos no tenían perfil de pandilleros y que la cifra real de fallecidos podría ascender a 2,000.