Denuncian que hay 36 exfuncionarios encarcelados en el país

El Comité de Familiares de Presos y Presas Políticos de El Salvador (Cofappes) denunció este viernes que en el país hay 36 prisioneros políticos distribuidos en tres casos. Los exfuncionarios han sido acusados en los casos Saqueo Público, Monarca y Asocambio, a cuyos imputados les atribuyen delitos de peculado, cohecho, actos arbitrarios y enriquecimiento ilícito. "Nuestros familiares están siendo víctimas de un discurso de odio del mismo régimen y también nosotros como familiares hemos tenido vulneración de derechos con discriminación, al no tener igual oportunidad de ejercer una verdadera defensa, no se nos permite reunirnos con nuestros defendidos, de ahí que hay fabricación de delitos con pruebas falsas", dijo la abogada, Ivania Cruz, de Cofappes Afirmó que en el último caso denominado Asocambio hay 21 procesados: tres en prisión entre ellos el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, el exinspector general de Centros Penales, Ramón Roque y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura. "Vinculados al caso Asocambio, el 19 de enero, la Cámara Segunda de lo Penal dejó en libertad a 11 empleados de una institución pública (Anda) tras demostrar su inocencia, pero fue evidente la manipulación del sistema en la fabricación de delitos de calumnias y mentiras", reza un trozo del manifiesto de Cofappes. Otros cinco acusados en este proceso, se encuentran ausentes y según Cofappes, son perseguidos políticos, como el expresidente Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez exministro de Obras Pública y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Limas Actualmente, la Cámara Segunda de lo Penal está pendiente de resolver un recurso de apelación que la Fiscalía presentó contra las medidas sustitutivas que el Juzgado Segundo de Instrucción otorgó al exministro Ramírez Landaverde y el exinspector Roque el 14 de enero. Cofappes criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de trasladar a la jueza Segundo de Instrucción de San Salvador como sanción por haber resuelto de acuerdo a derecho y la Constitución al ordenar medidas sustitutivas al exministro Ramírez Landaverde y a Ramón Roque. "Este es un método que está empleando el órgano judicial como castigo a los jueces que de verdad están cumpliendo con la ley, a los jueces que se mantienen independientes e imparciales y por no acatar las órdenes que posiblemente vienen desde el gobierno, ya que en este país no hay independencia de poderes, estamos siendo gobernados por un solo poder y por eso denunciamos estas arbitrariedades", afirmó Cruz. Pero aún no estás medidas y amenazas, Coffappes pide a los jueces que cumplan con la ley y que no se dejen intimidar. "Un gobierno es de turno pero la imagen de un juez estaría manchada para siempre".

Caso sobresueldos

En el penúltimo caso hay cinco exfuncionarios del FMLN detenidos, entre ellos, la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar y la exviceministra de Educación, Erlinda Handal, así como el exviceministro de Hacienda Carlos Cáceres. En este caso, la defensa apeló la detención provisional dictada por el Juzgado Segundo de Paz y la Cámara Segunda de lo Penal resolvió, a criterio de sus parientes, tardíamente, cinco meses después, "no a lugar" y confirmó la detención de los cinco exfuncionarios y ordenó girar nuevas órdenes de captura para los ausentes. "Sin considerar sus condiciones graves de salud por su edad y sus enfermedades crónicas", expresó Ivania Cruz de Coffappes. Zoila Menjívar, hermana de la exviceministra de Salud, Violeta Menjívar, dijo estar muy preocupada por su hermana, ya que ella es sobreviviente de cáncer de mama y que en su condición tiene un control y evaluación cada año, que en el último año no se ha hecho. Dijo que el chequeo clínico de Violeta se ha retrasado desde octubre que incluye el control, monitoreo y evaluación para evitar que la enfermedad se reactive. "Ahorita ella está como abandonada", dijo la pariente. Mientras en el caso denominado "Monarca" hay 19 procesados, entre ellos el exalcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi, cinco exconcejales, un exdiputado del FMLN por Sonsonate, Jaime Valdés; el exalcalde de San Rafael Cedros, Rafael Amílcar Aguilar y varios empresarios, desde el 30 de abril del año pasado que fue la audiencia de imposición de medidas, se desconoce de su culpabilidad. Sin embargo, asegura Cofappes que 13 de los procesados entre ellos el exalcalde de San Rafael Obrajuelo, algunos del partido Gana y empresarios han salido de prisión con medidas sustitutivas, no así seis exdirigentes del FMLN que aún siguen en prisión. "Hay una total desigualdad porque como abogados hemos pedido audiencia especial para solicitar medidas para algunos procesados pero en el caso de los empresarios se las concedieron, en el caso político no nos concedieron ninguna los jueces desde el 30 de abril". En caso Monarca, Fiscalía agotó el plazo de instrucción y solicitó seis meses más pero el juez dió tres meses adicionales. El caso Saqueo Público está la exprimera dama, Vanda Pignato, que permanece en arresto domiciliar, mientras su exesposo Mauricio Funes se nacionalizó en Nicaragua. "En el caso de Pignato nunca programan la fecha para que el proceso siga. Son mecanismos de dilatación de cada proceso. Si tuvieran las pruebas para una culpabilidad, a este sistema les convendría declararlos culpables, pero el gobierno y el sistema los declara culpables ante la opinión pública, violando el principio de inocencia y eso se ha dado en todo el caso", afirmó la abogada Cruz.