El informe de Cristosal señala que la investigación de las muertes evidencian que decenas de personas murieron a causa de tortura o lesiones gravísimas, en los penales.
Cristosal presentó ayer un nuevo informe donde documentó las identidades y posibles causas de muertes de 153 reos, que fueron detenidos durante el régimen de excepción que el gobierno salvadoreño mantiene en vigencia.
La organización aseguró para esta investigación recabó información de fosas comunes, recolección de fotografías de los cuerpos, las esquelas del Instituto de Medicina Legal (IML), entrevistas a familiares, vecinos y conocidos de los reos muertos.
El informe dice que desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo de 2023, en los penales murieron 139 personas, pero hasta abril, esta cifra subió a 153. Incluso, hasta el pasado viernes ya eran 160.
Cristosal agrupó las causas de las muertes en cinco categorías: 39 fueron muertes sospechosas de criminalidad, de igual número no se tuvo dato, 29 fueron muertes violentas, 25 fueron catalogadas como muerte natural o patológica y siete, fueron agrupadas como "probablemente muerte violenta”.
Un hallazgo de la investigación es la contradicción entre las esquelas del IML y las condiciones de los cadáveres, según fotografías. Tal es el caso de un hombre de 45 años que fue detenido el 21 de abril del 2022 y murió el 25 de mayo de ese año, en el penal La Esperanza, conocido como Mariona.
Su esquela de fallecimiento de Medicina Legal señaló que el hombre murió por un edema pulmonar, pero su cuerpo estaba vapuleado, y tenía golpes en el rostro, dice Cristosal.
Otro hombre de 37 años, que murió en el penal de Izalco, fue reportado por Medicina Legal como muerte por falla multisistémica secundaria a encefalopatía producida por cirrosis hepática, sin embargo, tenía hematomas en la boca.
Un tercer caso, de los 153 que relata el informe, es el de un hombre de 47 años, a quien Medicina Legal dijo que murió por neumonía bilateral, cuando su cuerpo tenía llagas y desprendimiento de la piel.
Las víctimas mortales identificadas rondan en su mayoría en edades productivas, desde los 18 hasta los 58 años de edad, y al menos 18 mayores de 59 años.
Las principales ocupaciones de los muertos eran comerciante informal, jornalero, agricultores, y empleados.
DEM
Torturados.
Uno de los hallazgos del informe indica que las muertes ocurridas, bajo custodia del Estado salvadoreño, fueron "resultado de torturas y lesiones graves”.
"Fotografías y el propio IML documentaron signos de asfixia, fracturas, numerosos hematomas, laceraciones e incluso perforaciones en los cadáveres”, indicó Cristosal en su comunicado ayer.
"Hay una contradicción entre lo que determina Medicina Legal que como general es quien hace el levantamiento del cadáver, lo que hace es una revisión muy general, sin embargo, los cuerpos presentan gran signo de tortura como podemos ver en la fotografía”, indicó Zaira Navas, abogada de Cristosal, ayer en la presentación del informe.
Navas añadió que incluso aquellas muertes donde se señala que fueron a causa de enfermedades, son cuestionadas, debido a que los reos no tienen una buena alimentación y pasan días sin tomar agua.
El 7 de noviembre del año pasado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, confirmó 90 muertes, y todas por causas de salud. Afirmó que en todo el sistema penitenciario hay muertes.
El Estado salvadoreño es firmante de tratados internacionales que prohíben la tortura.
El informe también recoge testimonios de reos que obtuvieron su libertad, y estos han relatado que existe tortura colectiva. "El proceso de ingreso a los penales es una paliza”, señaló Navas, ayer. El informe cita los relatos de los expresos donde indican que los custodios obligan a los detenidos a arrodillarse sobre grava hasta que sangren, y mantenerlos en cuclillas durante horas.