EE.UU. dice Gobierno intentó interferir en independencia legislativa el 9F

El 9 de febrero de 2020 fue visto como una interferencia del Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en el reporte derechos humanos en El Salvador 2020 publicado hoy por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe relata que ese día el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, utilizó a la Policía Nacional Civil (PNC) y a soldados armados "para presionar e intimidar a la Asamblea Legislativa para que aprobara el financiamiento de su plan de seguridad”. Y asegura que intentó interferir en la independencia del Órgano Legislativo."En ocasiones, las autoridades civiles no mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Los miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos", retoma el informe.Citando a observadores, señala que el presidente Bukele creía que sus acciones estaban justificadas pero que su posterior actitud al fallo de la Sala de lo Constitucional, que prohibió dichas acciones, demostró la independencia del poder judicial.El estudio asegura que el Gobierno respetó "generalmente” las órdenes judiciales pero advierte cumplimiento mínimo por parte de ciertas oficinas estatales.El reporte señala la negativa del Ministerio de Defensa de permitir las inspecciones de los archivos militares. Hasta hoy, el Gobierno no ha permitido la inspección ordenada por el juez de la masacre El Mozote, es decir, pese a una orden judicial."El Gobierno no siempre respetó la independencia judicial y el Poder Judicial se vio agobiado por la inefacia”, indica el informe.Sobre el 9F ha habido diferentes versiones del Ejecutivo, la dominante es que fue un dispositivo de seguridad para el presidente Bukele coordinado por el Estado Mayor Presidencial.El 24 de marzo de 2020, Bukele explicó en una entrevista al cantante puertoriqueño Residente que había sido una forma de presión. Residente le había preguntado: ¿por qué metió a los militares al Parlamento?El próximo 1 de mayo, el gobernante salvadoreño tendrá la mayoría legislativa, ya que tendrá 55 diputados de Nuevas Ideas, 6 de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), aliados de Bukele; y posiblemente tres diputados más de los partidos de Concertación Nacional (PCN) y Demócrata Cristiano (PDC). Ello le permitiría tener los 56 votos necesarios para aprobar deuda, decretar régimen de excepción, suspender garantías constitucionales, y 63 votos para suspender garantías constitucionales en torno a la detención o modificar por fuerza mayor el día de la elección presidencial.

El informe

El informe, que analiza los hechos del último año, de octubre de 2019 a octubre de 2020, menciona denuncias de homicidios ilegítimos de presuntos pandilleros y otras personas por parte de las fuerzas de seguridad; desapariciones forzadas por personal militar; tortura y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial; graves restricciones a la libertad de expresión y prensa; graves actos de corrupción gubernamental; falta de investigación y rendición de cuentas coherentes por la violencia contra la mujer; y delitos que involucren violencia por parte de las fuerzas de seguridad contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.También, sostiene que la "impunidad persistió a pesar de las medidas del gobierno para destituir y enjuiciar a los abusadores en las fuerzas de seguridad, el poder ejecutivo y el sistema judicial”.Además, menciona crímenes por parte de bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron importantes autores de delitos violentos como asesinatos, extorsión, secuestro, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia.El reporte recuerda también que el 26 de abril, el presidente Bukele respondió a un aumento esporádico que se tuvo en los homicidios relacionados con pandillas, afirmando que "se autoriza el uso de fuerza letal para la autodefensa o para la defensa de la vida de los salvadoreños”, aunque no implicó una orden.También menciona las detenciones arbitrarias durante la cuarentena desde el 21 de marzo, hechos de corrupción reportados durante la pandemia y una persistente impunidad.