EEUU avanza en su unidad de investigación de criptomonedas

Estados Unidos sigue adelante con su unidad de investigación sobre crímenes con criptoactivos tras nombrar a Eun Young Choi como la nueva directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, inglés). Choi tiene casi una década de experiencia dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuyo último cargo fue como asesora del fiscal adjunto. Choi asumió su nombramiento el 17 de febrero de 2022. Le recomendamos: Senadores de EE. UU. piden investigar riesgos del bitcoin en El Salvador Kenneth A. Polite Jr., fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, explicó que el NCET apoyará a la institución en sus esfuerzos para abordar "el crecimiento del crimen” en el ecosistema de criptomonedas. El NCET se creó como una división del Departamento de Justicia con fiscales certificados en criptomonedas, delitos cibernéticos, lavado de dinero y decomiso. Dentro de sus funciones está la identificación, investigación y persecución de los casos que involucren el uso delictivo de activos digitales, con un enfoque particular en los intercambios de moneda virtual, proveedores de infraestructura y otras entidades que permiten el uso indebido de criptomonedas y servicios relacionados. La nueva unidad también brindará apoyo y capacitaciones a las fuerzas de orden público federales, estatales, locales e internacionales para desarrollar capacidades de investigación sobre los delitos que involucren criptomonedas y activos digitales, tanto en Estados Unidos como en países socios. Dentro de los casos en los que ha participado Choi está la investigación de una organización transnacional responsable del pirateo de JP Morgan Chase, así como la operación de Coin.mx, un cambio de moneda virtual sin licencia; y el único enjuiciamiento estadounidense en relación con los "Papeles de Panamá”. Un análisis de la firma Chainalysis señala que el equivalente de unos $14,000 millones de dólares transitaron en 2021 por billeteras digitales vinculadas a actividades ilegales, el doble si se compara contra los $7,800 millones en 2020.