El 85 % de los liberados del régimen de excepción siguen procesados bajo medidas

De los 7,000 liberados en el régimen de excepción, el 85 % continúa procesado por agrupaciones ilícitas bajo medidas sustitutivas a la detención, aseguró en su informe anual la organización Amnistía Internacional. Es decir, que de los 7,000 liberados, 5,950 aún tienen la posibilidad que en audiencia preliminar se les decrete la detención provisional y vuelvan a la cárcel o en el mejor de los casos sean absueltos de los delitos. Solo 1,050 de los liberados supuestamente fueron absueltos definitivamente de los cargos. "El riesgo de que fueran sometidas a procesos injustos se vio agravado por una normativa que autorizaba los juicios sumarios y dificulta el acceso al derecho a una defensa efectiva", dice Amnistía Internacional. Los 7,000 liberados confirmados por el Ministerio de Justicia y Seguridad hasta 2023, son parte de los 79,211 presos totales capturados bajo el régimen de excepción, quienes en su mayoría, según Amnistía Internacional, han sido detenidos "arbitrariamente porque violaban las garantías procesales debido a la ausencia de órdenes judiciales".

Torturas

La organización afirma que la mayoría de los capturados bajo el régimen de excepción han sido víctimas de torturas, tratos crueles, restricciones a alimentos, agua, servicios de saneamientos, falta de atención médica, y sometidos al uso excesivo de la fuerza. "Desde el inicio del régimen de excepción se han producido al menos 190 muertes bajo la custodia del Estado provocadas por la tortura y la falta de atención médica", destaca el informe. Sostiene que las autoridades como la Fiscalía General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no investigan los casos con diligencias ni la eficiencia debida. Añadieron que con el régimen de excepción se criminaliza la disidencia, se ha incrementado las restricciones a la libertad de asociación, y se obstaculiza la protesta pacífica. Amnistía Internacional contabiliza la captura de tres sindicalistas a los cuales se les acusó del delito de agrupaciones ilícitas. "Las autoridades siguieron estigmatizando y hostigando a través de las redes sociales a quienes defendían los derechos humanos con acciones tales como publicar contenidos amenazadores, por ejemplo, declaraciones de funcionarios públicos que incitaban a acosar y atacar la reputación de personas y organizaciones", asegura la organización. El informe concluye que con el régimen de excepción se dio lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos.