La investigación explora los modelos económicos implementados en la economía salvadoreña desde 2000 a 2019, así como las trampas que impiden el desarrollo inclusivo y sostenible. El estudio recoge insumos del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Colproce), la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador (RACDES) y del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC).
Para el informe se sumaron las pérdidas económicas de los desastres naturales ocurridos entre 2000 y 2023, que, según el reporte, rebasaron los $5,442 millones y equivalen a un 16 % del PIB salvadoreño.
En tanto, la inversión para reponer las pérdidas en infraestructura promedió un 19.2 % del PIB.
Con esto, El Salvador es que más pérdidas tuvo de Centroamérica. “Este es un indicador de alta vulnerabilidad y los niveles de inversión son bajos y no logran reponer estas pérdidas. Esto es otra de las variables que inhiben el crecimiento económico”, añadió Óscar Cabrera, presidente de Fudecen.
Guatemala presenta la segunda cifra más onerosa de pérdidas por eventos climáticos, calculada en $4,169 millones, que equivalen a un 4 % del PIB. En tercer lugar, Nicaragua perdió un 7 % de su PIB, al menos $1,226 millones.
Costa Rica perdió un 1 % de su PIB (unos $400 millones), al igual que República Dominicana. Honduras representó un 2 % ($4,000 millones) y de Panamá no se incluyó una cifra.
En El Salvador, los períodos de sequía son más prolongados entre julio y agosto, seguidos de fuertes lluvias a partir de septiembre. Esto afecta principalmente a la agricultura, que cada año reporta pérdidas por eventos climáticos.
Solo al inicio de la temporada de lluvias, el paso de las tormentas tipo temporal entre el 14 y el 21 de junio dejaron al menos 19 fallecidos, además de daños en cultivos e infraestructura de viviendas.
Cabrera destacó que, según previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la inversión en El Salvador se sostendrá en un 20.5 % entre 2024 y 2029. “Más de lo mismo”, señaló el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), porque no logran reponer las pérdidas de infraestructura derivadas de los desastres.
Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que los eventos extremos costaron más de $2,200 millones en los últimos 30 años, al tiempo que advirtió que si no se toman medidas “ambiciosas” para 2030 ese costo representará un 7 % del PIB anual (más de $2,500 millones).