Mika Kanervavuori, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, aseveró esta semana que uno de los compromisos asumidos por El Salvador durante el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), en julio de 2025, fue poner en libertad a las personas que estuvieren recluidas sin pruebas claras o concluyentes.
El representante señaló que hubo «aceptación plena por parte de El Salvador» de 12 recomendaciones del Examen Periódico Universal, entre las cuales se encuentran las «garantías de las personas privadas de libertad, un juicio imparcial y el debido proceso», así como el «acceso a abogados y su representación y defensa legal». Agregó que «además, aceptó poner en libertad a las personas que permanezcan recluidas sin pruebas claras y concluyentes».
El representante habló de la importancia que tiene para la Oficina de la ONU que se preserven «los principios de la individualización de la responsabilidad penal» para garantizar los derechos de «las víctimas y sus familias».
Mencionó que El Salvador se comprometió con 8 recomendaciones relacionadas a «observaciones finales más recientes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y contra la Tortura», que manifestaron preocupación por las condiciones penitenciarias de salud, hacinamiento y con la investigación de muertes de personas privadas de libertad.
«El Salvador aceptó plenamente en el Examen Periódico Universal aplicar las reglas Mandela», agregó, sobre 122 reglas mínimas del tratamiento de los reclusos adoptados por las Naciones Unidas en 2015.
Además, el funcionario de la ONU señaló que El Salvador «se comprometió a explorar maneras de ajustar el estado de excepción» para facilitar la protección de derechos fundamentales de la población.
Las afirmaciones fueron realizadas en una audiencia pública realizada esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por organizaciones no gubernamentales para abordar el régimen de excepción aplicado en El Salvador.
El funcionario remarcó que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU espera que los compromisos asumidos por El Salvador se traduzcan en medidas específicas «en el corto plazo» con impacto «concreto y tangible».
Al inicio de su intervención, Kanervavuori dijo que es innegable que todos los Estados deben tomar medidas para reducir la violencia criminal y los homicidios, pero que «las políticas de seguridad pública y los derechos humanos no persiguen objetivos contrapuestos, por el contrario, se refuerzan mutuamente”. Señaló que las políticas de seguridad con derechos humanos pueden ser efectivas y robustas, y que la única forma de garantizar los derechos a la verdad, la justicia y reparación «es mediante el debido proceso».
«La Oficina está convencida que la cooperación con mecanismos internacionales de derechos humanos, visitas de monitoreo, contribuirá a la mejora continua del sistema penitenciario. Los compromisos asumidos por El Salvador ofrecen una hoja de ruta para proteger a la población frente a la violencia criminal». Mika Kanervavuori, representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos.
El gobierno de El Salvador es crítico de las observaciones que realizan organismos internacionales sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
Las declaraciones del representante de la Oficina de la ONU, expresadas el lunes, contrastan con las brindadas por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, el jueves, quien se refirió a las críticas hacia el régimen de alimentación de los reos.
Bukele afirmó que todo el sistema carcelario de El Salvador «tiene su alimentación con su nivel calórico medido». «De hecho, la mortalidad de nuestro sistema penitenciario es menor a la mortalidad fuera, porque se controla todo, medicamentos, atención médica, comida. Ahora, lo que no tiene es gustos», dijo.
El mandatario manifestó que no entiende por qué «un organismo internacional» les dice, afirmó, que «tienen que comprarle mejor comida a los delincuentes». «¿Por qué no dicen nada de los seis millones de salvadoreños donde muchos de ellos no tienen la comida tan buena como tienen los delincuentes?», cuestionó.
«La mayoría de los salvadoreños que han sufrido bajo la dictadura de las pandillas pagan los impuestos en los frijoles y con esos impuestos el gobierno viene y compra pollo para los delincuentes que mataron a sus familiares. Entonces, yo digo primero vamos a garantizar que coman pollo los salvadoreños de bien». Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
El gobierno de El Salvador defiende su estrategia de seguridad basada en estado de excepción que suspende garantías constitucionales relacionadas al derecho de defensa, tiempo máximo de detención administrativa y privacidad de las telecomunicaciones, así como una reforma penal para aumentar las penas, realizar juicios masivos y la construcción del Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, San Vicente Sur. Mientras, organizaciones señalan denuncias de capturas arbitrarias, detención de personas inocentes, torturas y muertes dentro de los recintos carcelarios.
