En representación del Estado, un delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigan el uso de Pegasus en El Salvador pero que el Estado no hace persecución a personas o entidades críticas al Gobierno.
"El Estado es firme en declarar que bajo ningún concepto ejerce una persecución, hostigamiento o estigmatización hacia personas o entidades críticas a la gestión del Gobierno, así sea que estas se atribuyen o no la calidad de periodistas”, expresó el representante fiscal.
Agregó que esa calidad de periodistas tampoco excluye a estas personas de "su responsabilidad de realizar un ejercicio correcto de la libertad de expresión y de prensa”. El comisionado de la CIDH Carlos Bernal le preguntó a qué se refería cuando dijo que los periodistas tienen el deber de ejercer la libertad de expresión de manera correcta.
La audiencia fue realizada este miércoles a petición de medios de comunicación cuyos periodistas han sido víctimas de espionaje telefónico con el programa Pegasus según una investigación de Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y de la organización Access Now.
Carlos Dada, director de El Faro, manifestó que las intervenciones a los aparatos de los periodistas ocurrieron durante casi 10 meses de la vigencia de las medidas cautelares emitidas por la CIDH.
Peticiones a la CIDH.
Liliana Caballero Gómez, de la Centro por la Justicia y el Derecho Internaciona (CEJIL), pidió ante la CIDH, en nombre de los medios de comunicación y organizaciones que inste al Estado salvadoreño a "cesar los señalamientos, hostigamientos, amenazas y ataques a través del discurso antimedios por parte de funcionarios” y "abstenerse de usar Pegasus u otra herramienta contra la privacidad, intimidad y libertad de expresión”. Solicitó que se inste a El Salvador investigar "con imparcialidad hechos de espionaje y extracción de información” y que se sancione.
A esas solicitudes, agregó que se exhorte a cumplir con las garantías de no repetición, derogando las regulaciones sobre la vigilancia cibernética y la ley especial contra delitos informáticos, y se establezcan garantías efectivas a la libertad de expresión. Visita de Relatoría.
La presidenta de la CIDH y relatora para El Salvador, Julissa Mantilla, reiteró en la audiencia la petición de una visita de trabajo de la Relatoría de la Libertad de Expresión en El Salvador realizada en el informe de la CIDH.
Aseguró que será "una visita de acompañamiento, de monitoreo, de conversaciones directas, de ver cuáles son los estándares, de entender directamente la situación”.
Mantilla pidió también más información sobre el riesgo que están sufriendo las mujeres y desde el Estado qué medidas específicas se están dando para la investigación y de manera específica para la situación de las mujeres.
Durante la audiencia, los representantes de Cancillería o de la Presidencia de la República no respondieron a dicha solicitud. Investigación.
El representante fiscal informó que han abierto un expediente para investigar el acceso indebido a sistemas informáticos y espionaje en perjuicio de la APES a partir de un aviso del 14 de enero de 2022, en relación a la intervención de celulares de 31 periodistas. Aseguró que giraron direcciones funcionales a la Unidad de Delitos Informáticos de la Policía, solicitando entrevistar a las 31 personas, pero que "los denunciantes no han querido proporcionar detalles de las víctimas”.
El presidente de la APES, César Fagoaga, lo desmintió, señalando que entregó al fiscal Nahum Ramírez una copia del informe de CitizenLab y Access Now sobre el uso de Pegasus en El Salvador con la identificación de las víctimas.
El representante fiscal dijo que el problema global viene desde 2016 y que tienen denuncias de 33 empleados y funcionarios del sector público y de 11 periodistas. Dijo que la investigación respeta derechos humanos, la Constitución y la legalidad y que toda recolección de evidencia requiere aval judicial.
3 datos que debes conocer
1.- Operador salvadoreño
Los denunciantes sostienen que el operador de Pegasus era salvadoreño y que Pegasus solo es vendido a los gobiernos.
2..- La versión del gobierno
El Gobierno dijo a medios internacionales que no tenían relación con NSO Group, que dijo vende Pegasus solo a gobiernos.
3.- FMLN dice lo adquirió
El secretario general del FMLN dijo que Pegasus fue adquirido desde el gobierno del
FMLN "para uso policial”.