Familiares de detenidos piden a diputados derogar prohibición de visitas familiares en cárceles

Respaldados por el diputado Francisco Lira (Arena), un grupo de familiares de personas detenidas durante el régimen de excepción ingresó a la Asamblea Legislativa para solicitar derogar la reforma a la Ley Penitenciaria que prolongó la prohibición de las visitas familiares en todas las cárceles de El Salvador. Actualmente, ninguno de los más de 107,000 internos de los centros penitenciarios reciben visitas de sus familiares. Los solicitantes, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), también pidieron conformar una comisión para investigar al director de Centros Penales, Osiris Luna, y el resto de directores de centros penitenciarios por la prohibición. En la solicitud, explican que en 2016 el gobierno (FMLN) adoptó medidas extraordinarias que suspendieron visitas de "toda clase" a los centros penales con vigencia de un año pero que el 16 de agosto de 2018 la Asamblea Legislativa reformó la Ley Penitenciaria (decreto 93) para facultar a los directores de los centros penitenciarios suspender las visitas por 30 días y prorrogar dichas suspensiones. Explican que el 1 de marzo de 2020 fueron suspendidas oficialmente cuando el presidente Nayib Bukele decretara emergencia nacional en todos los recintos carcelarios y decidió mantenerlas suspendidas por la pandemia covid-19. Los familiares caminaron hacia las instalaciones de la Asamblea Legislativa que colocó una barricada con alambre razor para evitar el paso de los manifestantes. Una comisión de manifestantes ingresó a la Asamblea Legislativa y, respaldados por el diputado Francisco Lira, intentaron presentar su solicitud en la recepción de la Asamblea Legislativa. "No la quisieron recibir, pero nosotros vamos a hacer la solicitud dentro del pleno”, dijo el diputado Francisco Lira, quien les prometió que la presentaría ante el pleno. Olga Marina Amaya reclama la libertad de su hijo Walter Geovanni, de 18 años, quien según la mujer fue capturado mientras estaba estudiando. "Desde que lo capturaron yo no sé nada, que por lo menos nos dejen ver el estado de salud de él. Hemos sabido de maltrato. Nosotros como familiares también somos víctimas, ese paquete que uno les mete no es barato y que no se los den no es justo”, aseguró la denunciante. Los familiares de los internos deberían comprar al menos un paquete mensual que contenga artículos de higiene y ropa. El más barato, dijo Olga, cuesta $80 paquete.