Fiscalía busca obligar a expresidente Funes y a su hijo a pagar condena de enriquecimiento ilícito de $419,000

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este martes una solicitud de ejecución forzosa ante la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para que el expresidente Mauricio Funes, y su hijo, Diego Roberto Funes Cañas, reintegren al Estado $409,145.09, monto condenado a pagar tras ser encontrados culpable del enriquecimiento ilícito en 2017, y que hasta la fecha no se ha ejecutado. En el caso de Funes, fue condenado por riqueza ilícita de $206,660.55, mientras que a su hijo Diego Roberto Funes Cañas por no comprobar el origen legal de $212,484.54. Cuando fue la condena, se detalló que Funes Cartagena tuvo más erogaciones que ingresos, la resolución detalló que tuvo ingresos en concepto de salario, gastos de representación y aguinaldo por un monto de $312,486.75; por venta de vehículos percibió $16,700 y además obtuvo un crédito de la sociedad Agrosuministros S.A. de C.V., por $225,767, haciendo un total de ingresos de $554,593.75. En cuanto a los egresos o gastos de Funes Cartagena, la Cámara confirmó que fueron de $626,078.15, en donde la mayor cantidad fue para pago de tarjetas de crédito y préstamos, así como abonos a cuentas corrientes por $471,566.16; se le suma también $52,762.96 de deducciones a su salario; $6,021 en compra e inscripción de armas de fuego, y la adquisición de dos vehículos por $20 mil, en pago de colegiaturas erogó $38,945.60 y en gastos varios $36,782.43. En el caso de Diego Funes Cañas, la investigación evidenció la compra de nueve vehículos por una cantidad de $151,500, más los abonos realizados a dos cuentas bancarias por un monto de $117,884.54 sin conocerse la procedencia de ese dinero, las magistradas le sumaron $94,600 producto de la venta de seis de los nueve automotores.

Funes y sus procesos

El expresidente Mauricio Funes fue acusado en junio de 2018 por lavado de dinero y peculado de más de $351 millones de la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de Casa Presidencial a cuentas de terceros, junto a él fueron acusados sus dos exesposas, su esposa y exprimera dama de la república, Vanda Pignato, y la entonces pareja sentimental, Mitchelle Guzmán. Sin embargo, las investigaciones contra él y su entorno iniciaron al menos dos años antes, cuando la misma Fiscalía allanó las viviendas del exmandatario e incautó los bienes que encontraron. Para ese entonces, Funes y Guzmán ya habían dejado el país. Meses después se conoció que solicitaron asilo político en Nicaragua, donde ahora son ciudadanos nacionalizados por el régimen de Daniel Ortega. El exmandatario aún no ha sido enjuiciado por el proceso de Saqueo Público, no obstante, ya acumula dos condenas en su contra, la primera por 14 años de cárcel luego que un tribunal lo encontró culpable de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en el caso de la Tregua con pandillas. Además, Funes fue condenado a seis años de cárcel por el delito de de defraudación al fisco en su modalidad de evasión de impuestos, por un monto de $85,157.25. Junto al caso Saqueo Público, Funes sigue en la mira de la justicia salvadoreña, donde aún tienen cinco procesos pendientes de juicio.