Hoy se desarrolla el segundo día de audiencia en el cual desde San Salvador representantes del gobierno defienden el régimen de excepción ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que se reúne en Ginebra, Suiza.
Una representación de distintas instituciones del gobierno salvadoreño se hizo presente este jueves, de manera remota, a la audiencia que hizo el Comité contra la Tortura (CAT) de las Naciones Unidas, desde Ginebra, Suiza, para revisar el respeto de El Salvador a la "Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
Parte de la audiencia giró en torno al régimen de excepción. La vicecanciller de relaciones exteriores de El Salvador, Adriana Mira, dijo que hay "muchos retos” y que la población tiene un "papel importante” en una contraloría permanente sobre la actuación del Estado, pero añadió que la población aprueba las acciones de seguridad pública y luego pidió un diálogo constructivo al Comité.
Uno de los cuestionamientos del Comité fue denuncias de presuntas torturas en el régimen de excepción, que cumple ocho meses el lunes. Mira dijo que las acciones del régimen son realizadas "dentro de los marcos constitucionales, legales y convencionales” y que están abiertos al "escrutinio internacional”, por lo que esperan que haya un "diálogo constructivo que permita "ampliar y detallar” los avances en prevención de tortura que tiene El Salvador.
"Estoy segura que el Comité ha recibido información de diversas fuentes, apreciamos la posibilidad de desarrollar un diálogo constructivo”, dijo, al inicio de la audiencia.
Las dudas del Comité.
Dos representantes del Comité contra la Tortura preguntaron sobre los avances en la justicia de los crímenes de guerra y sobre la aplicación del régimen de excepción.
El presidente del Comité aseguró que hay desafíos en el cumplimiento de la Convención contra la Tortura por obstáculos a la justicia transicional, la violencia de las pandillas, las respuestas del Estado y sus consecuencias para los derechos humanos, el hacinamiento y las condiciones de detención, la debilidad de protección de los derechos humanos, preocupaciones sobre la independencia del poder judicial y la problemática de migración y desplazamientos.
Así mismo, cuestionó que haya capturas sin orden judicial, falta de garantía de defensa individual de los detenidos, audiencias judiciales masivas, jueces sin rostro, aumento de penas para los menores y aseguró que la tortura no debe ser una medida excepcional.
La vicepresidenta del Comité, Ana Racu, preguntó cuántos funcionarios han recibido formación de prevención contra la tortura, violencia de género y doméstica, si se garantiza prontamente un abogado a los detenidos, qué medidas adoptarán para que la Policía ofrezca medidas contra la tortura en los privados de libertad, cuántos abogados están disponibles, cuándo se informa a un detenido de su derecho a asistencia legal, cuántas detenciones masivas se han realizado en el régimen de excepción, quiénes son los detenidos y cuál es su situación actual.
Élmer Castro, del Ministerio de Seguridad; Manuel Merino, de la PGR; y René González, secretario de la Sala de lo Constitucional. / VIDEO UN
Muchos detenidos, dijo, no conocen las acusaciones que se les imputan, ante lo cual cuestionó qué puede hacer el Estado.
Racu cuestionó la falta de mecanismos de supervisión independiente en los centros penitenciarios, ya que las organizaciones no gubernamentales no pueden acceder a estos.
"Nos gustaría conocer su opinión sobre la capacidad del gobierno para investigar y enjuiciar esas presuntas denuncias de torturas y malos tratos”, dijo.
La vicepresidenta también cuestionó el uso excesivo de la fuerza, ya que hay indicios de tortura contra presuntos miembros de pandillas. Explicó que el Comité rechaza los esfuerzos para justificar la tortura como modo para proteger la seguridad pública. Así, preguntó cómo se investigan los posibles casos de tortura, cuántas denuncias se han enjuiciado, si se suspende a los funcionarios mientras están imputados.
También pidió información sobre las enfermedades infecciosas en las cárceles, fallecimientos, cómo se investigan las muertes de los detenidos en la práctica.
Primera respuesta.
En una primera respuesta, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo que están buscando garantizar los derechos de la ciudadanía y de recuperar la soberanía nacional.
Detalló que el anterior procurador de los derechos humanos, Apolonio Tobar, visitó el centro penitenciario La Esperanza el 29 de junio de 2022 y el centro penal de Izalco el 11 de julio de 2022. "Se ha dado una apertura real”, expresó, luego de mencionar la visita del presidente de la Alianza Global de Instituciones Locales de Derechos Humanos y defensores de Brasil y Bolivia a las prisiones salvadoreñas.
El funcionario presidencial agregó que la procuradora de derechos humanos, Raquel Caballero de Guevara, se reunió con el presidente Nayib Bukele "y se increparon diferentes situaciones como el régimen de excepción y se mantuvieron situaciones respecto de las personas retenidas y cómo se está velando por los derechos de estas personas”. La audiencia continuará este viernes.
El régimen de excepción cumplirá ocho meses el próximo lunes, mientras el gobierno reporta más de 57,000 capturados; organizaciones no gubernamentales salvadoreñas acumulan más de 4,000 denuncias de posibles violaciones a derechos humanos.