Gobierno busca equiparar garantías por más de $100 millones para el FSV

El Ministerio de Hacienda está en proceso de equiparar las garantías soberanas para que el Fondo Social para la Vivienda (FSV) mantenga vigentes dos préstamos para vivienda con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por $103.7 millones. Este lunes 10 de octubre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, pidió a la Asamblea Legislativa que lo autorice a entregarle garantía soberana al FSV que le respalde el contrato de crédito 2178 por $53.7 millones con el BCIE para reducir el déficit habitacional en el país. El gobierno ve necesario "equiparar las condiciones de protección crediticias” con las condiciones otorgadas en una operación similar con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), una garantía soberana para el crédito de $50 millones del "Programa de financiamiento de vivienda social”, aprobada el 15 de marzo de 2022. Durante la misma tarde, el ministro solicitó a la Asamblea la autorización legislativa para otorgarle una segunda garantía soberana al FSV para al contrato de préstamo 2281 con el BCIE por $50 millones del "Programa de Vivienda y Vida Digna (Provida)”. El FSV está obligado a informar al BCIE y a otorgarle una condición similar, si concede a otros acreedores cláusulas de protección crediticia más favorables, para mantener vigente la operación crediticia.

Los préstamos.

El préstamo 2178, por $53.7 millones, tiene un plazo de 36 meses con intereses fijados por el BCIE, y su destino son programas de intermediación financiera para los cuales el FSV sea elegible. Fue firmado el 22 de mayo de 2019 por $100 millones con una vigencia hasta el 22 de mayo de 2020, pero no contaba con la garantía soberana del Estado. El 23 de agosto de 2021, el monto se aprobó en $53.7 millones y se modificaron las condiciones financieras. El segundo préstamo, número 2281, siempre con el BCIE, por $50 millones, tiene un plazo de 25 años y una tasa de 2.5 % anual fija establecida por el BCIE, una comisión de 0.25 del 1 % anual sobre saldos no desembolsados del préstamo, además de una comisión equivalente sobre el monto total del préstamo. El destino es "financiar el Programa de Vivienda y Vida Digna”, que beneficiaría a 2,592 familias de bajos ingresos.