Decreto ejecutivo prolonga el uso de efectivos militares en tareas de seguridad pública hasta el 31 de diciembre de 2023.
Gobierno argumenta que es “recomendable y necesaria” la participación de la Fuerza Armada en el Plan Control Territorial.
El gobierno salvadoreño prolongó hasta el 31 de diciembre de 2023 el uso de la Fuerza Armada de El Salvador en tareas de seguridad pública desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC), por decreto ejecutivo aprobado el 12 de diciembre y vigente desde el 20 de diciembre de 2022.
El gobierno argumenta que tienen resultados positivos en el Plan Control Territorial, por lo que es "recomendable y necesaria la continuidad de la participación de la Fuerza Armada en su implementación y sostenibilidad”.
Actualmente los efectivos militares apoyan planes relacionados al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022, luego de una matanza provocada supuestamente por las pandillas como presión al gobierno.
El régimen permite la suspensión de tres derechos constitucionales en El Salvador: privacidad de las telecomunicaciones, periodo máximo de detención de 72 horas y derecho a ser informado de derechos y razones de detención, así como garantía de asistencia de defensor.
Patrullajes y aprehensiones.
Las "Disposiciones especiales transitorias para la participación de la Fuerza Armada en operaciones de mantenimiento de la paz interna” aprobadas desde el 25 de noviembre de 2019 se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2023 según la reforma aprobada.
Estas disposiciones permiten a la Fuerza Armada participar en patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y detención de miembros de estructuras del crimen organizado y delincuencia común en todo el territorio nacional.
También, les permite resguardar la frontera nacional, reforzar la seguridad perimetral externa de centros penitenciarios, intermedios y de menores, y colaborar en la custodia y seguridad de los mismos; y en el control de ingresos y egresos de estos centros penitenciarios, así como de la protección perimetral de los centros educativos.
El decreto fue firmado por el mandatario, el ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy.
La Constitución.
La Fuerza Armada ha sido utilizada en anteriores gobiernos en diferentes tareas de seguridad pública.
De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros y el presidente puede disponer de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad y la seguridad pública, limitando "al tiempo y a la medida de lo estrictamente necesario para el restablecimiento del orden” y "cesará tan pronto se haya alcanzado ese cometido”.
Sin embargo, la Constitución indica que la seguridad pública estará a cargo de la Policía Nacional Civil (PNC) "independiente de la Fuerza Armada” y "con apego a la ley y estricto respeto a los derechos humanos”; y que el presidente de la República debe organizar a la PNC para garantizar la paz, tranquilidad, el orden y la seguridad pública respetando los derechos humanos.
El dato
El presidente aseguró que duplicarán la Fuerza Armada en cinco años iniciando el 19 de julio de 2021, fecha en que aseguró tenían 20,000 efectivos militares.
Luego de los Acuerdos de Paz, la Fuerza Armada ha venido siendo utilizada para tareas de seguridad pública, de acuerdo a Jeannette Aguilar en "El rol del ejército en la seguridad interna en El Salvador: lo excepcional convertido en permanente”.
Patrullajes en zonas rurales
Miembros de la Fuerza Armada se integraron a programas de patrullajes en la zona rural, como Plan Vigilante (1993), Plan Guardianes (1995), Grupos de Tarea Conjunta (GTC), Grupos de Apoyo a la Comunidad.
Fuerzas de tareas en seguridad pública
Aguilar sostiene que entre octubre de 2009 y marzo de 2014 se emitieron 7 decretos ejecutivos y uno legislativo que autorizaba la participación de efectivos militares en seguridad pública. El número de soldados en seguridad pública se triplicó entre 2008 y 2009. Lo llama el inicio de la "policialización de los militares”.
Apoyo de la FAES a planes antipandillas
El ejército apoyó campañas de "Mano Dura” contra las pandillas (2003-2006), se desarrollaron operativos conjuntos entre policía y ejército por los Grupos de Tarea Antipandillas (GTA) gracias a un decreto que lo autorizó durante seis meses.