Gobierno panameño presenta proyecto para elevar 3 años la edad de jubilación

El gobierno de Panamá presentó esta semana en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para elevar tres años la edad de jubilación en un intento por sanear el sistema público de pensiones, en peligro de quiebra. "La edad de jubilación se incrementará tres años, estableciéndose en 60 para las mujeres y 65 para los hombres", anunció el presidente panameño, José Raúl Mulino, en cadena nacional de radio y televisión. El proyecto establece también elevar en un 3 % la cuota mensual que los empresarios aportan a la Caja del Seguro Social (CSS), entidad pública encargada de las pensiones. Además, el Estado panameño hará una contribución anual de casi $1.200 millones adicionales para asegurar la viabilidad del sistema. El gobierno panameño presentó este proyecto tras dos meses de conversaciones con gremios empresariales, sindicatos y otras organizaciones. Mulino pretende que antes de fin de año se apruebe esta iniciativa en la Asamblea Nacional, convocada a sesiones extraordinarias. Los expertos han advertido que en 2025 la CSS acumulará un déficit superior a $1.000 millones, que podría duplicarse hacia 2030. "De seguir así, el próximo año sólo se podrán pagar el 87 % de las pensiones, y en 2029 no se llegaría a pagar la mitad de las pensiones que se pagan hoy. La situación es muy grave", afirmó Mulino. La reforma también establece que los trabajadores que así lo deseen podrán hacer aportes voluntarios para adelantar su edad de jubilación o pensionarse con mayores ingresos. Sin embargo, los sindicatos, que se manifestaron este miércoles frente a la Asamblea Nacional en Ciudad de Panamá, rechazan cualquier aumento en la edad de jubilación. Estos gremios acusan al gobierno de querer privatizar las pensiones, lo que ha sido descartado por el mandatario. "La Caja del Seguro Social no será privatizada. Tendremos un sistema único y solidario", aseguró Mulino. El sistema de pensiones panameño pasó de ser solidario a uno de cuentas individuales en 2005, pero sigue en manos de la CSS, que también administra hospitales públicos.